Un informe del CEPA revela niveles de subejecución presupuestaria que alcanzan el 100% en áreas críticas como infraestructura municipal y desarrollo de rutas seguras.

El último informe técnico del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) ha puesto de manifiesto la magnitud del recorte en el mantenimiento y desarrollo de la red vial nacional bajo la actual gestión administrativa. Según el documento, la Dirección Nacional de Vialidad sufrió una caída real en la ejecución de su presupuesto del 72% al comparar el ejercicio 2025 con el del año 2023. Esta retracción de fondos explica la paralización de las obras de bacheo, repavimentación y señalización que han derivado en un incremento de la siniestralidad y el deterioro avanzado de corredores estratégicos para la producción y el transporte de pasajeros.

El análisis del CEPA detalla que la ejecución en las áreas de transporte y obra pública es «extremadamente baja», con retrocesos que en varios rubros fundamentales rozan la eliminación total de la partida. Los datos oficiales indican que la inversión en Rutas Nuevas y Obras de Pavimentación sufrió un desplome del 98%, mientras que el programa de «Rutas Seguras» —destinado a reducir accidentes mediante la ampliación de banquinas y carriles de sobrepaso— registró una caída del 89%. Otros sectores críticos, como la Construcción de Túneles y Puentes Grandes y las Obras Viales fuera de la Red Nacional, muestran recortes del 95% y 95,2% respectivamente.

La subejecución presupuestaria ha alcanzado su punto máximo en el área de Infraestructura en Municipios, donde el recorte fue del 100%, dejando sin financiamiento nacional a todas las obras urbanas y de conectividad local. Asimismo, programas de saneamiento y desarrollo ambiental, como la Cuenca Matanza-Riachuelo, presentan una caída del 92% en su ejecución. Este esquema de desinversión sistemática se traduce en una parálisis operativa de Vialidad Nacional, que ha dejado de intervenir incluso en situaciones de emergencia vial, delegando la responsabilidad de la seguridad en las provincias y los futuros concesionarios privados.

El informe concluye que la política de ajuste fiscal ha priorizado el cese de las transferencias de capital, afectando de manera directa la durabilidad de los activos físicos del Estado. Sin partidas para el Desarrollo de Obra Pública (con una caída del 93,5%), la red vial nacional se encuentra en un proceso de degradación técnica que, según los expertos, requerirá inversiones multiplicadas en el futuro para recuperar los estándares mínimos de transitabilidad. Mientras los fondos permanecen sin ejecutar, el impacto de la desatención se refleja en las estadísticas de accidentes y en la creciente incomunicación de las regiones del interior del país.

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