La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y su Administrador General, Marcelo Jorge Campoy, enfrentan desde abril de este año una grave denuncia penal presentada por la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) por los supuestos delitos de malversación de fondos públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La base de la acusación es el desvío y la subejecución de más de $277.000 millones de pesos del presupuesto de 2024, dinero que por ley debía ser destinado al mantenimiento de la infraestructura. Esta cifra cobra dramatismo si se considera el informe gremial que detalla el deterioro crítico del 70% de la red de rutas nacionales, una situación que compromete seriamente la seguridad vial del país. La falta de ejecución de estos fondos vitales no solo constituye la base del delito, sino que también revela la inacción de la DNV en su misión esencial de garantizar la transitabilidad y seguridad. La seriedad del caso contrasta con un cerco de inacción y silencio que lo mantiene fuera de la agenda pública. La denuncia, radicada en el Juzgado Federal N°2 en abril de 2025, no ha avanzado con resoluciones clave como la citación a indagatoria del funcionario. Esta paralización judicial es señalada por la querella como una complicidad por omisión, demostrando una lentitud sorprendente en comparación con otros expedientes políticos. A esto se suma el silencio institucional del propio Campoy y de Vialidad Nacional, que han evitado dar cualquier tipo de declaración o entrevista específica sobre la causa, una estrategia que busca blindar al funcionario frente a la investigación. Al mismo tiempo, el tema ha sido prácticamente ignorado por los grandes medios de comunicación tradicionales, minimizando el impacto de un presunto delito que afecta recursos públicos esenciales. El conflicto se complejiza con una intensa política de persecución gremial dentro del organismo, aplicada sistemáticamente a quienes se oponen al vaciamiento y denuncian la falta de inversión. En un acto que evidencia la escalada de hostigamiento, la Federación denunció la suspensión ilegítima de tres dirigentes nacionales —Miguel Ángel Vázquez, Marcelo José Bertolotti y Néstor Raúl Meza— desde julio de 2025. Esta medida se tomó pese a la existencia de una sentencia judicial previa que ordenaba mantener a los dirigentes en funciones hasta que el sumario disciplinario quedara firme, lo que obligó a FEPEVINA a intimar formalmente a Vialidad Nacional por violación a la tutela sindical. Estos actos confirman que la gestión de la DNV busca acallar la resistencia interna, intentando desarticular la única voz que ha llevado la denuncia de la malversación a la Justicia. En el plano operativo, la falta de accionar en las tareas esenciales es la consecuencia directa del desvío de fondos. La inacción en el mantenimiento de la red vial ha sido tan notoria que la propia Justicia Federal ha debido intervenir, ordenando reparaciones de urgencia en diversas rutas nacionales, lo cual pone en evidencia el incumplimiento de la DNV en su misión de garantizar la infraestructura vial. El gremio sostiene que esta política de abandono intencional está ligada al plan de concesiones que busca privatizar vastos tramos de la red vial, haciendo ver al organismo como ineficiente para justificar su desguace. Navegación de entradas Escalada Judicial en Paritarias de Vialidad: El Gobierno Acusado de Dilación e Incumplimiento La Comisión Directiva Refuerza su Compromiso y Agradecimiento con Bolsones Navideños
