La Dirección Nacional de Vialidad se ve forzada a realizar inspecciones de emergencia y solicitar estudios geotécnicos por el riesgo de socavamiento en estructuras como el puente de la Ruta 5 en Alberti. La preocupación crece ante la parálisis de obras, mientras el Senado exige explicaciones por la falta de evaluaciones estructurales y control de cargas en viaductos clave como el General Belgrano.

La drástica interrupción de los flujos de inversión y el consecuente cese de la obra pública en el país han provocado una alerta crítica sobre la integridad estructural de la red vial nacional, llevando a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) a un esquema de manejo de crisis enfocado en la detección de fallas inminentes. Los informes recientes ya no solo señalan el mal estado de las calzadas, sino el deterioro estructural que pone en riesgo la seguridad pública, obligando a la DNV a actuar de manera reactiva.

La gravedad del problema ha escalado al ámbito político, concentrándose en viaductos de máxima importancia. El Senado de la Nación, por ejemplo, aprobó recientemente un pedido unánime de informes a la DNV para que se transparenten los resultados de las evaluaciones estructurales completas del Puente General Manuel Belgrano (Corrientes-Resistencia). Los legisladores exigieron saber no solo el estado actual del viaducto, sino también los motivos de la inacción del organismo para establecer controles de peso y carga que eviten el estrés adicional sobre una infraestructura vital y visiblemente desgastada.

Este clima de alarma se ve justificado por las urgencias en puntos neurálgicos de la provincia de Buenos Aires. El reciente foco de atención fue el puente sobre el Río Salado en la Ruta Nacional 5, a la altura de Alberti. La preocupación, impulsada por gestiones locales y entidades agropecuarias, se centró en el riesgo de socavamiento (undermining) en las bases de la estructura, un tipo de falla que compromete directamente la fundación del puente y puede llevar al colapso.

La inspección técnica de la DNV, si bien no encontró daños visibles en la superestructura, admitió la «incertidumbre» ante la posible erosión en las profundidades de la fundación, producto del caudal intensificado por obras hidráulicas y la falta de intervención preventiva en la zona bajo el puente. Ante la potencial amenaza estructural, el organismo se vio obligado a planificar estudios geotécnicos—la máxima instancia de diagnóstico estructural—para evaluar la estabilidad del terreno y confirmar la capacidad portante de la fundación.

La necesidad de realizar costosos y urgentes estudios para evaluar riesgos críticos en lugar de ejecutar el mantenimiento programado y preventivo, pone en evidencia el costo de la parálisis. El cese de inversión en el mantenimiento estructural y la inspección profunda de viaductos está creando una peligrosa deuda de infraestructura, cuyo pago podría ser mucho mayor que el costo de la obra pública detenida, elevando la amenaza sobre la conectividad y la vida de los usuarios en la red vial del país.

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