El Boletín Oficial formalizó este jueves el inicio de la segunda fase para concesionar corredores viales que se encuentran actualmente bajo la órbita de Corredores Viales S.A. La medida involucra importantes arterias de conexión y marca un nuevo paso en la política de desestatización de infraestructura vial en el país. El Gobierno Nacional ha dado inicio formal a la segunda etapa de su plan para privatizar y concesionar rutas nacionales, una medida que abarca aproximadamente 1.800 kilómetros de infraestructura vial estratégica. La decisión, oficializada este jueves a través de una publicación en el Boletín Oficial, establece un proceso que busca transferir la operación y mantenimiento de tramos clave que actualmente se encuentran bajo gestión estatal. La nueva fase de la iniciativa se centra en la desestatización de corredores viales que hasta ahora estaban en manos de la empresa pública Corredores Viales S.A., una sociedad anónima de capital estatal que administra una parte significativa de la red vial nacional. Entre las arterias afectadas por este anuncio se encuentran tramos de alto flujo vehicular y vital importancia logística, destacándose la autopista Riccheri, una de las principales puertas de acceso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y un sector de la Ruta Nacional 3, fundamental para la conexión del sur del país. Este movimiento se enmarca en la política económica del Ejecutivo, orientada a reducir la intervención estatal en áreas que considera susceptibles de ser gestionadas de manera más eficiente por el sector privado, a través de modelos de concesión. El objetivo principal es atraer inversión privada para modernizar, mantener y ampliar la infraestructura vial, esperando que la competencia y la gestión empresarial generen mejores servicios para los usuarios y alivien la carga fiscal sobre el Estado. La medida se da a conocer en un contexto de discusiones y controversias en torno a la infraestructura y los servicios públicos, siguiendo un esquema similar al que se utilizó previamente para concesionar otras rutas. Con esta formalización en el Boletín Oficial, se abre el camino para el llamado a licitación y la posterior adjudicación de los tramos a empresas privadas. Si bien la publicación marca el inicio del proceso administrativo, se espera que la ejecución de la transferencia y las condiciones de las nuevas concesiones generen un intenso debate en las próximas semanas, tanto en el ámbito político como en el sector de transporte. Los nuevos concesionarios serán responsables de la gestión de los peajes, el mantenimiento de las calzadas, y la provisión de servicios al usuario en estos casi dos mil kilómetros de rutas consideradas vitales para la economía y la circulación nacional. (405 palabras) Navegación de entradas Puentes nacionales bajo amenaza por el cese de inversión Vialidad cobró $560.000 a la Iglesia por usar la banquina y lo atribuyó a un «error del sistema»
