La Dirección Nacional de Vialidad generó un fuerte escándalo de alcance nacional tras aplicar un canon inédito a la tradicional Peregrinación a Loreto, un cobro que fue calificado como inaceptable por la comunidad católica y figuras políticas. Ante la indignación generalizada, el organismo admitió una «deficiencia operativa» y se comprometió a reintegrar la totalidad del arancel, sentando un precedente histórico para las futuras manifestaciones de fe en rutas argentinas. La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) protagonizó una intensa polémica en Misiones al cobrar una cifra de $560.000 pesos a la Iglesia por el uso de la banquina de la Ruta Nacional 12 durante la reciente 24° Peregrinación Diocesana a Loreto. La medida, que no registra antecedentes en las más de dos décadas de historia de esta masiva manifestación de fe, generó una ola de indignación y estupor que rápidamente trascendió las fronteras de la provincia. La controversia se desató cuando el Padre Leonardo Cuenca, rector del Santuario de Nuestra Señora de Loreto, reveló públicamente que la diócesis se vio obligada a abonar dicho arancel, catalogado por el organismo nacional como un cargo por «intervención de camino». Según la DNV en un principio, el cobro se amparaba en la normativa vigente, que exige un canon por el uso de la zona de camino en caso de solicitar autorización formal, una instancia que, según Vialidad, se cumplía por primera vez. No obstante, la justificación oficial fue inmediatamente refutada por la comunidad católica. El Obispo de Posadas, Monseñor Juan Rubén Martínez, manifestó su profundo malestar y sorpresa ante lo que consideró un acto incomprensible, especialmente en un contexto donde las rutas nacionales en la provincia, incluyendo la RN12 por donde transitaron los miles de peregrinos, presentan un estado de abandono y deterioro. El obispo enfatizó que la tarifa de medio millón de pesos se exigía sin que la DNV hubiera aportado servicios de mantenimiento o seguridad durante el evento, cuyas tareas de custodia y ordenamiento del tránsito recayeron sobre la Policía de Misiones, Gendarmería y Prefectura. La noticia escaló velozmente, captando la atención de los medios nacionales y provocando una reacción inmediata en el ámbito político. El gobernador Hugo Passalacqua calificó la medida como inaceptable, mientras que la propia vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, la tildó de «insensatez». Ante la presión social, mediática y política, Vialidad Nacional se vio forzada a dar una «marcha atrás» apenas 48 horas después de que se hiciera público el reclamo. A través de un comunicado oficial, la Gerencia de Comunicación de Vialidad Nacional notificó al Equipo Organizador de la peregrinación que la aplicación del arancel había sido producto de una «deficiencia del sistema» operativo. En consecuencia, el organismo garantizó que el monto abonado de $560.000 pesos será reintegrado íntegramente a los peregrinos. Desde la diócesis, si bien se celebró la rectificación, se destacó la importancia del episodio. Los organizadores señalaron que la amplia repercusión mediática y la posterior retractación de la DNV sientan un «precedente histórico» para las peregrinaciones católicas en todo el país, esperando que situaciones similares que condicionen la expresión tradicional de fe no vuelvan a repetirse en el futuro. El conflicto concluyó así con la restitución del dinero y el reconocimiento, por parte del organismo, de un error administrativo que encendió la alarma en Misiones. Navegación de entradas El Gobierno avanza sobre 1.800 km de rutas clave, incluyendo la Riccheri y la Ruta 3 Fallos judiciales obligan a Vialidad Nacional a iniciar reparaciones de urgencia
