Al senador José Mayans se le ha presentado un proyecto de ley que declara la Emergencia Vial Nacional por un plazo de dos años, con el objetivo de garantizar la vida, la seguridad y la integridad de los usuarios de las rutas argentinas a través de intervenciones urgentes en el mantenimiento y la mejora de la red vial. Esta iniciativa, remitida al Congreso de la Nación y respaldada por la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEDEVIAL), responde al deterioro progresivo de la infraestructura vial que ha generado un alarmante aumento de accidentes de tránsito, con más de 4.600 muertes registradas en los últimos años y un incremento del 14% en siniestros fatales, según datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), posicionando a Argentina entre los países con mayores índices de mortalidad vial a nivel global. El proyecto establece medidas excepcionales para enfrentar esta crisis, comenzando por la declaración de emergencia en todo el territorio nacional, prorrogable por el Poder Ejecutivo si persisten deficiencias como un 70% de obras con avances inferiores al 50% o fallas en la ejecución presupuestaria que alcancen al menos el 80% del monto asignado. Bajo la responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), se elaborará un Plan Estratégico de Seguridad Vial 2024-2027 que priorice la rehabilitación de corredores críticos, puentes y accesos urbanos, enfocándose en el 60% de la red vial roja de alta circulación, con énfasis en señalización vertical y horizontal, control de accesos y construcción de banquinas seguras. Además, se implementará un control estricto de pesos y dimensiones en el transporte, junto con un organismo de supervisión que emitirá informes trimestrales al Congreso para monitorear la ejecución inmediata de las obras, prorrogando automáticamente la emergencia si no se evidencia un disminución acelerada en la siniestralidad basada en la mejora de la infraestructura. En cuanto al financiamiento, la ley se nutrirá de fondos del presupuesto de la Ley N° 23.966 (Fondo Nacional de la Vialidad), la facturación de peajes y las adeudanzas presupuestarias pendientes, garantizando que no afecte rubros esenciales como educación, salud o seguridad social, y priorizando la reestructuración de deudas sin nuevos gravámenes. Un aspecto clave es la recomposición salarial para el personal de la DNV, que aplicará un índice basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con ajustes trimestrales a partir de la sanción de la ley e incorporando sumas no remunerativas al básico para equiparar condiciones con otros sectores estatales, reconociendo las condiciones precarias en que operan estos trabajadores esenciales. La presentación va acompañada de una nota de FEDEVIAL, firmada por su secretario general Julio Romero Alade, quien destaca que el proyecto brinda un tratamiento pertinente a sus fundamentos y subraya la necesidad de un organismo estratégico para salvaguardar los derechos de los usuarios y el personal vial. En los fundamentos se argumenta que esta crisis no solo representa un problema central de reducción de siniestros, sino una obligación constitucional (art. 75 inc. 22) de proteger la vida y la integridad física, configurando una obligación positiva de protección por parte del Estado. Invoca precedentes como el Decreto 461/25 y fallos judiciales como «Sevia S/ Amparo», junto a tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para justificar medidas que incluyan a las víctimas y promuevan una reparación integral de la red vial, que presenta irregularidades graves en el 46% de sus rutas nacionales, con un impacto desproporcionado en las provincias del interior. Argentina enfrenta una red vial envejecida que demanda no solo reparaciones, sino prevención mediante controles de peso y dimensiones, y la habilitación de accesos seguros, en un contexto de debates intensos en el Congreso sobre infraestructura y restricciones económicas que complican las asignaciones presupuestarias. El proyecto ingresa ahora en comisiones bicamerales para un debate amplio sobre su financiamiento y alcance, y si se aprueba, entraría en vigencia inmediata Navegación de entradas Insólita respuesta de Vialidad Nacional: negó el deterioro de la Ruta 3 y calificó de “infundado” el reclamo del Municipio de Azul Crisis vial en Argentina: La DNV acumula incumplimientos a fallos judiciales y profundiza el abandono
