El costo del abandono: Los argentinos pagan «doble impuesto» para no tener rutas transitables

Mientras el Gobierno Nacional retiene más de un billón de pesos del Impuesto a los Combustibles, las provincias deben usar fondos propios para reparar trazas nacionales. Un esquema de asfixia que obliga a los ciudadanos a pagar dos veces por el asfalto que no llega.

El mapa vial de la Argentina ha dejado de ser una red de integración para convertirse en un laberinto financiero y legal. En el centro de la escena aparece una cifra que estremece: $1.165.491.000.000. Esa es la suma que, según denuncias legislativas recientes, el Ministerio de Economía de la Nación ha recaudado mediante el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) pero que no ha transferido al Sistema Vial Integrado (SISVIAL).

Esta retención de fondos ha generado una situación inédita: la «doble imposición de hecho». Los contribuyentes pagan impuestos nacionales cada vez que cargan nafta para que las rutas funcionen, pero ante la desidia de Nación, ahora también deben aportar a través de sus impuestos provinciales para que los gobernadores puedan tapar los baches que Vialidad Nacional ignora.

Santa Fe: El caso testigo de la «suplencia» forzada

La provincia de Santa Fe se ha convertido en el epicentro de este reclamo. En la última semana, el gobierno provincial debió desplegar maquinaria y personal propio para intervenir de emergencia en la Ruta Nacional 34, en el tramo Angélica-Sunchales, ante el peligro de colapso total.

Esta acción se suma a la intervención en la Ruta 11 (intimada por la Justicia Federal) y a los planes para los accesos portuarios. El esquema es claro y preocupante:

• Impuesto Nacional: El santafesino paga el ICL en el surtidor. Ese dinero va a las arcas centrales de Nación.
• Falta de Obra: Nación no gira fondos ni mantiene la traza.
• Gasto Provincial: La provincia saca dinero de su presupuesto (salud, educación o seguridad) para bachear una ruta nacional y evitar muertes.

«Es un impuesto al vacío», señalan desde los sectores productivos. «Pagamos para tener rutas y nos devuelven baches; después pagamos de nuevo para que la provincia los tape».

Un reclamo federal que cruza el país

Santa Fe no está sola en esta encrucijada. Otras provincias han comenzado a ejecutar «operativos de rescate» similares ante el mismo diagnóstico:

• Chubut: Adjudicó con fondos propios la reparación de 42 km de la Ruta 40, una obra que Nación paralizó.
• Misiones y Santa Cruz: Han tomado la posta en trazas nacionales estratégicas para el turismo y la logística, financiando con recursos locales lo que por ley debería costear el SISVIAL.
• Neuquén: Utiliza el superávit de la actividad petrolera para mantener accesos nacionales que son vitales para Vaca Muerta pero que el Estado Nacional ha dejado a su suerte.

La trampa del «superávit» sobre el asfalto

Para el promocionado superávit fiscal del Gobierno Nacional existe un «lado B» muy costoso. Al no ejecutar el presupuesto destinado por ley a la infraestructura, el Estado Nacional ahorra en los papeles, pero traslada el costo a las provincias y, en última instancia, al ciudadano.

El debate por el traspaso de las trazas a las provincias (con una posible vigencia de 20 años) parece ser la salida que propone la Casa Rosada. Sin embargo, los gobernadores advierten que no aceptarán las rutas si no se garantiza el giro de los fondos que hoy se recaudan por combustibles. Sin ese dinero, el traspaso no sería una solución federal, sino simplemente la transferencia de una deuda estructural que amenaza con quebrar las cajas provinciales.

Peajes y endeudamiento es la respuesta del gobierno nacional frente al colapso vial nacional que no para de cobrarse vidas de quienes transitan las rutas del país.