La repetición de un fracaso anunciado: El Gobierno relanza las concesiones viales como salida al abandono inducido

El Gobierno Nacional ha formalizado el anuncio de una nueva etapa de licitaciones para entregar la operación y el mantenimiento de corredores estratégicos a empresas privadas. Bajo la narrativa de que la gestión privada garantiza una mayor eficiencia, el pliego abarca tramos vitales de la Red Vial Nacional, incluyendo sectores de las rutas 3, 5, 7, 8 y 9, entre otros.

Sin embargo, este anuncio se produce en un contexto de parálisis absoluta de la inversión pública, lo que para los técnicos y trabajadores del sector constituye una maniobra de manual: se desfinancia el organismo estatal hasta llevarlo al colapso para luego presentar la privatización como la única solución posible.

El discurso oficial intenta convencer a la ciudadanía de que el Estado es incapaz de gestionar la infraestructura, omitiendo que la crisis actual es el resultado de una decisión política de no ejecutar los fondos que los propios usuarios ya pagan en los surtidores.La historia de las concesiones por peaje en el país muestra un patrón recurrente de incumplimientos contractuales, falta de obras estructurales y un deterioro que termina siendo rescatado por el propio Estado cuando las empresas ya han agotado la rentabilidad financiera del corredor.

Al entregar rutas que hoy están «detonadas» por la falta de mantenimiento mínimo, el Gobierno no está generando inversión privada genuina, sino transfiriendo el cobro de una renta asegurada a empresas que, como ya se observa en casos actuales como Caminos del Río Uruguay, acumulan sanciones por el mal estado de las calzadas y la inseguridad vial.

La falacia de la ineficiencia estatal se desmorona al analizar la subejecución de los fondos específicos del Impuesto a los Combustibles. Mientras el discurso mediático oficialista ensalza la figura del concesionario privado, el informe técnico de FEPEVINA revela que Vialidad Nacional cuenta con el capital humano y la capacidad operativa necesaria para mantener la red a un costo significativamente menor, siempre y cuando se respete la asignación de recursos que la ley establece.

La entrega de las rutas a privados no hará que el sistema sea más eficiente; simplemente encarecerá la logística nacional mediante peajes que se sumarán al deterioro acumulado. Lo que se presenta como un avance modernizador es, en realidad, la consolidación de una «estafa técnica»: socializar el riesgo de las rutas destruidas y privatizar el cobro de la circulación.

Finalmente, el anuncio oficial ignora deliberadamente la responsabilidad del Estado en la seguridad de sus ciudadanos. Al convertir la conectividad en un negocio de rentabilidad inmediata, se condenan al olvido aquellos tramos que no son «atractivos» para el capital privado pero que son vitales para la soberanía y la integración territorial. El desmantelamiento de Vialidad Nacional para justificar estas licitaciones no es una cuestión de pragmatismo económico, sino una premisa ideológica que utiliza el abandono inducido como herramienta de propaganda. La historia argentina enseña que estas andanadas neoliberales terminan con rutas vaciadas de contenido técnico y un Estado que, años después, debe pagar el costo multiplicado de una reconstrucción que nunca debió haber sido postergada.