Vialidad Nacional bajo asedio

La Dirección Nacional de Vialidad enfrenta un escenario de extrema gravedad institucional donde la legalidad vigente parece haber sido desplazada por una política de hechos consumados. A pesar de que la justicia federal, a través de una medida de «no innovar» dictada por la jueza Martina Forns, suspendió los efectos del decreto 461/2025 para frenar la disolución del organismo, trabajadores y gremios denuncian que el Gobierno Nacional ejecuta una reestructuración de facto que ignora los fallos judiciales. Esta maniobra busca vaciar las funciones históricas de la entidad técnica mediante una «reorientación institucional» impulsada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. La estrategia, encabezada por Federico Sturzenegger, intenta eludir el revés legislativo que sufrió el Ejecutivo cuando el Congreso anuló el DNU que pretendía eliminar el organismo, proponiendo ahora quitarle a Vialidad toda capacidad de ejecución de obras para convertirla en una cáscara administrativa dedicada exclusivamente a la fiscalización de negocios privados.

Este desplazamiento de funciones atenta directamente contra el patrimonio estatal y la estabilidad laboral, violando la cautelar que impide expresamente realizar traslados, cesantías o supresión de estructuras. El informe técnico de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) arroja luz sobre las consecuencias de este vaciamiento: al privar al organismo de su facultad de reparar y ampliar caminos, se entrega la seguridad vial a la lógica del peaje y la rentabilidad privada. El plan de Sturzenegger no es una modernización, sino un desguace planificado que pretende que el Estado asuma los riesgos y el control administrativo mientras las empresas se quedan con la caja de las rutas más transitadas. Esta «estafa técnica» se apoya en una premisa falaz de eficiencia privada que, como demuestran los datos de FEPEVINA, solo conduce a un bacheo de maquillaje y a la pérdida del saber técnico acumulado por décadas en los distritos de todo el país.

La resistencia de los trabajadores viales se fundamenta en que despojar a Vialidad de su capacidad operativa es condenar a la Red Vial Nacional a un deterioro irreversible. La experiencia histórica demuestra que, sin un organismo con maquinaria y personal propio para intervenir en las rutas, el Estado queda como rehén de concesionarias que suelen incumplir los contratos de mantenimiento, como sucede actualmente en los principales corredores del país. El desprecio por la orden judicial de «no innovar» revela una voluntad política de destruir al Estado por asfixia, ignorando que cada kilómetro de ruta que deja de ser atendido por Vialidad representa un incremento exponencial en los costos de reconstrucción futura y un riesgo de vida inmediato para los usuarios. Lo que el Gobierno presenta como un avance desregulador es, en realidad, el desmantelamiento de la última barrera de defensa de la conectividad soberana.

Finalmente, la avanzada contra el organismo vial se inscribe en un modelo de país que considera a la infraestructura nacional como una variable de ajuste y no como una inversión estratégica. Al intentar reducir la dotación de técnicos y empleados mediante «procesos de reorientación», se está destruyendo el capital humano que hace posible que la producción llegue a los puertos y que las regiones no queden aisladas. La batalla legal que hoy se libra en los tribunales y el rechazo de las organizaciones gremiales son la respuesta a un intento de vaciamiento que pretende ignorar la división de poderes y la voluntad del Congreso. Defender Vialidad Nacional no es solo una cuestión gremial; es defender la vigencia de la ley frente a un modelo que utiliza la «motosierra» para recortar derechos, violar cautelares y privatizar funciones esenciales del Estado bajo un maquillaje de planificación estratégica que solo encubre la entrega del patrimonio común.