En Río Negro hay Rutas que matan

La parálisis de la obra pública y el desmantelamiento de Vialidad Nacional han dejado de ser una discusión exclusivamente económica para transformarse en una cuestión de derecho penal. Así lo ha planteado recientemente el vicegobernador de Río Negro, sumándose a las denuncias de trabajadores y técnicos, al calificar la política vial del Gobierno Nacional como una «estafa» que tiene consecuencias letales. El eje del conflicto radica en la ruptura de un pacto fiscal básico: mientras el Estado Nacional sigue recaudando el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) —un tributo que los ciudadanos pagan con el fin específico de mantener las rutas—, el Ministerio de Economía subejecuta esos fondos en niveles superiores al 50%, desviando recursos esenciales hacia el superávit financiero. Este desvío no solo es una irregularidad administrativa, sino que constituye el fundamento de una responsabilidad penal ante las muertes evitables que se producen diariamente por el estado desastroso de las calzadas.

El informe técnico de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) respalda esta postura con datos que son una verdadera prueba de cargo. Al cierre de 2025, el organismo registra una subejecución presupuestaria brutal, mientras la Red Vial Nacional se encuentra en un 70% en estado regular o malo. La decisión de «obra pública cero» ha provocado que programas críticos de repavimentación y seguridad vial presenten ejecuciones cercanas a cero, a pesar de que la recaudación del impuesto vial no ha caído. Esta omisión deliberada de mantenimiento preventivo ha convertido a rutas estratégicas en trampas mortales, donde el deterioro ya no es una estadística, sino un factor de siniestralidad directa que afecta de manera regresiva a las regiones periféricas y a los sectores productivos.

La gravedad de la situación en la Patagonia es paradigmática, con rutas como la 151 o la 22 que son símbolos del abandono y que el vicegobernador rionegrino señala como escenarios de tragedias recurrentes. El informe de los trabajadores viales coincide en que el bacheo precario —cuando se realiza— es una «estafa técnica» que solo maquilla el riesgo hasta el próximo accidente, ya que no recupera la capacidad estructural del pavimento. Al ignorar los diagnósticos técnicos disponibles y los recursos existentes, la gestión nacional abdica de una de sus funciones esenciales: garantizar la vida y la integridad física de quienes transitan el país. El argumento de la «falta de plata» se desmorona ante la evidencia de los fondos del ICL que se cobran en cada surtidor pero que no llegan al asfalto.

Finalmente, la advertencia sobre la responsabilidad penal del Gobierno Nacional pone el foco en el «pasivo judicial» que esta política de abandono está generando. Cada kilómetro no mantenido hoy representa una hipoteca económica y legal para el futuro, con juicios millonarios contra el Estado que terminarán costando hasta siete veces más que la inversión omitida. La sociedad civil ha comenzado a organizarse ante la inacción estatal, pero el reclamo político de las provincias y de los representantes de los trabajadores viales marca un límite: no se puede naturalizar la muerte en las rutas como una variable de ajuste fiscal. Mantener la red vial no es una opción ideológica, es una obligación legal y humana que, de seguir siendo incumplida, deberá ser rendida ante la justicia por quienes hoy deciden firmar el desvío de los fondos mientras las rutas siguen matando