Puentes en riesgo y el colapso de la fiscalización vial

El reciente derrumbe de un puente peatonal en la Avenida Circunvalación de Rosario, provocado por el impacto de un camión que transportaba una excavadora con exceso de altura, ha puesto de manifiesto una faceta crítica del desmantelamiento de Vialidad Nacional: la ausencia total de control y fiscalización en las trazas estratégicas.

El siniestro, ocurrido entre el bulevar Avellaneda y la avenida Uriburu, no produjo víctimas fatales por mera fortuna, pero reavivó la confrontación política y judicial sobre la responsabilidad del organismo nacional en el mantenimiento de los diez puentes que jalonan los 30 kilómetros de esta arteria vital. Para los representantes de los trabajadores viales y los legisladores locales, el hecho no es un accidente aislado, sino la consecuencia directa de una gestión que ha abandonado tanto la infraestructura física como sus funciones de policía de seguridad vial.

La caída de la estructura metálica y de hormigón evidencia que la crisis de Vialidad Nacional no se limita a la falta de bacheo o al crecimiento de los pastizales, sino que alcanza a la integridad de las estructuras complejas y al control de pesos y dimensiones del tránsito pesado.

Se ha advertido que el vaciamiento técnico del organismo impide realizar las auditorías preventivas necesarias sobre los puentes, muchos de los cuales presentan signos de vandalismo y falta de conservación estructural. Al mismo tiempo, la disolución de los esquemas de fiscalización ha dejado a la Circunvalación sin una vigilancia efectiva sobre la altura de los carretones que transitan por la traza, delegando la seguridad de los peatones a un azar que esta semana estuvo a punto de convertirse en tragedia.

Este escenario se agrava ante el vencimiento de los plazos judiciales impuestos por la Justicia Federal tras el amparo presentado por las autoridades locales. El próximo sábado se cumple el término para que Vialidad Nacional informe sobre el cumplimiento de tareas básicas de señalización, iluminación y desmalezamiento, obligaciones que el organismo ha eludido sistemáticamente bajo una política de asfixia presupuestaria. La desidia administrativa se traduce en un doble perjuicio: mientras el Estado Nacional no ejecuta las obras de mantenimiento, tampoco autoriza a la jurisdicción provincial o municipal a intervenir de manera directa, creando un vacío de autoridad que pone en jaque la conectividad y la vida de los ciudadanos. La falta de luces apagadas y malezas descuidadas denunciadas previamente son ahora acompañadas por la preocupación sobre la estabilidad de los cruces elevados que atraviesan la ciudad.

En última instancia, el colapso del puente peatonal funciona como una metáfora del estado institucional de la Dirección Nacional de Vialidad al inicio de 2026. La subejecución presupuestaria y la pérdida de personal especializado han dejado a la red vial nacional en una situación de riesgo sistémico donde la infraestructura se deteriora más rápido de lo que se repara. La defensa de los puentes y caminos de Rosario exige una respuesta que trascienda la coyuntura del siniestro; requiere la restitución de la capacidad operativa de un organismo estratégico que hoy parece estar siendo empujado hacia la inacción para justificar futuras privatizaciones. Mientras tanto, la comunidad rosarina sigue transitando una vía donde la seguridad vial ha dejado de ser una garantía del Estado para transformarse en una incertidumbre diaria gestionada en los tribunales.