Vialidad Nacional impuso imputaciones y cuantiosas multas a las empresas que operaban la Ruta del Mercosur y el Corredor Vial N° 18, tras detectar un «abandono» en el mantenimiento que incluye más de 150 señales faltantes y el deterioro de la infraestructura, poniendo en riesgo la seguridad vial en dos trazas fundamentales del país.


El organismo de control vial del Estado Nacional ha intensificado su fiscalización sobre los corredores que recientemente fueron revertidos al dominio público, resultando en una contundente acción contra las exconcesionarias de la Ruta Nacional N° 14 y el Corredor Vial N° 18. Las imputaciones formales y las consecuentes multas millonarias se fundamentan en el incumplimiento de las obligaciones contractuales que exigían entregar las trazas en condiciones óptimas de seguridad y mantenimiento. Esta decisión se enmarca en una política más estricta de Vialidad Nacional para hacer responsables a las empresas privadas por el estado de la infraestructura que operaron durante años.

La sanción más detallada apunta a la exconcesionaria de la Ruta Nacional N° 14, popularmente conocida como la «Ruta del Mercosur», una arteria vital para el comercio y el turismo en el litoral. La auditoría posterior a la finalización del contrato reveló la existencia de 155 «señales verticales deficientes, faltantes y sin reemplazar». Esta situación es crítica, ya que la ausencia o deterioro de la cartelería informativa y preventiva impacta directamente en la seguridad vial, obligando a los conductores a transitar por tramos clave sin la orientación y las advertencias necesarias sobre curvas, pendientes o accesos. La multa impuesta busca no solo castigar la negligencia, sino también cubrir el costo de la reparación y el reemplazo inmediato de toda la señalización faltante.

En paralelo, la concesionaria que administraba el Corredor Vial N° 18 también fue objeto de duras sanciones económicas. Si bien la especificidad de las faltas se centra en el mantenimiento general, la imputación apunta a un deterioro generalizado y a la omisión de obras de conservación necesarias. Estos incumplimientos, que van desde el estado del pavimento hasta la limpieza de banquinas y la conservación de puentes y alcantarillas, representan un incumplimiento contractual de gran magnitud. En conjunto, las multas impuestas a las exconcesionarias de ambos corredores ascienden a cifras considerables, reflejando el alto costo que tendrá para el Estado la reparación de los activos viales que fueron devueltos en condiciones deplorables.

La decisión de Vialidad Nacional sienta un precedente importante en el esquema de la obra pública y las concesiones privadas en el país. El mensaje es claro: la desatención y la búsqueda de un «abandono» de la ruta al finalizar un contrato ya no serán toleradas, y los costos de la reparación recaerán sobre las empresas responsables. Además de la penalización, el objetivo primordial es asegurar que las rutas 14 y 18 recuperen prontamente los estándares de seguridad que merecen los ciudadanos. Las autoridades ya trabajan en la planificación de las obras de emergencia para subsanar las deficiencias, utilizando los fondos provenientes de las multas para garantizar que los corredores viales vuelvan a ser seguros y transitables en el menor tiempo posible.

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