El proyecto de concesión de rutas nacionales impulsado por el gobierno prevé multiplicar los peajes y elevar las tarifas sin ofrecer caminos alternativos gratuitos. Organizaciones advierten que se trata de un esquema regresivo que afecta a trabajadores, productores y usuarios en general. El gobierno nacional avanza en la creación de una Red Federal de Concesiones Viales (RFC) que transformará la red vial nacional en un entramado de estaciones de peaje casi ineludibles. Según los documentos presentados, el plan contempla la instalación de 44 puestos de cobro, con posibilidad de ampliar a 54, lo que significaría un peaje cada 97 kilómetros en promedio. Lejos de garantizar mejoras sustanciales en infraestructura, el esquema proyectado se limita al mantenimiento rutinario: desmalezamiento, reparaciones superficiales y una capa de asfalto cada diez años. A cambio, los usuarios deberán afrontar un incremento de tarifas que rondará las 3,3 veces el valor actual, lo que se traduce en un costo final hasta 6,5 veces mayor para quienes utilizan a diario las rutas nacionales. La crítica central radica en la ausencia de caminos alternativos gratuitos. El Comité Nacional de Usuarios Viales (CONADUV) advierte que se trata de una violación al derecho constitucional de libre circulación: si para transitar por rutas nacionales hay que pagar sí o sí, el peaje deja de ser una opción y se convierte en un impuesto encubierto al tránsito. Además, se recuerda que los automovilistas ya aportan al mantenimiento de la red a través del impuesto a los combustibles. La situación golpea especialmente a las economías regionales. Productores y transportistas deberán absorber mayores costos logísticos en un contexto de recesión y caída del consumo. También afecta de manera directa a trabajadores que dependen de la movilidad cotidiana y no cuentan con alternativas viables. Desde las organizaciones sociales y técnicas se reclama un plan integral que contemple la totalidad de la red vial, que garantice seguridad y accesibilidad, y que destine de manera transparente los fondos recaudados por el impuesto a los combustibles. Se exige además que la Dirección Nacional de Vialidad recupere su rol rector, en lugar de ceder la planificación a concesionarias privadas cuyo objetivo principal es el lucro. Las audiencias públicas realizadas hasta ahora se denunciaron como meras formalidades, sin que se incorporen los planteos de la ciudadanía. Mientras tanto, el riesgo es claro: rutas nacionales en condiciones precarias, peajes más caros y sin opciones libres de pago. En nombre de la “libertad de mercado”, el gobierno avanza en un modelo que restringe la libertad más básica: la de circular por el propio territorio. Navegación de entradas Justicia obliga a Vialidad Nacional a reparar la Ruta 11 en Santa Fe Vialidad vuelve a apelar fallos judiciales y dilata la reparación de la Ruta 11
