Un fallo de la Justicia Federal de Reconquista ordenó a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) realizar obras de reparación en un tramo crítico de la Ruta Nacional Nº 11, que atraviesa los departamentos Vera, San Javier y General Obligado, en el norte de la provincia de Santa Fe. La decisión responde a un recurso de amparo presentado por el diputado provincial Dionisio Scarpin, quien denunció el deterioro de la calzada y el riesgo para quienes transitan diariamente este corredor. El juez Aldo Alurralde dispuso que Vialidad debe completar los trabajos de bacheo, repavimentación y señalización en el tramo comprendido entre el kilómetro 665 y el 931, hasta el paralelo 28. El fallo establece un plazo límite para la finalización de las obras y exige a la DNV la presentación de informes técnicos bimestrales, elaborados por el ingeniero jefe de la obra, donde se detallen los avances y los controles de calidad. La Cámara Federal de Resistencia confirmó recientemente esta resolución, al rechazar la apelación de Vialidad Nacional. El tribunal sostuvo que el Estado no puede desentenderse de su responsabilidad de garantizar rutas seguras, ya que el deterioro del pavimento constituye una amenaza directa a la vida e integridad de las personas. La situación no es nueva: desde al menos 2022, la propia Vialidad reconocía la necesidad urgente de intervenir sobre la traza. Sin embargo, los trabajos nunca se completaron y los reclamos de vecinos, productores y transportistas se multiplicaron en los últimos años. El mal estado de la ruta afecta no sólo a la seguridad vial sino también a la conectividad de una región clave para la producción agroindustrial y el transporte de cargas hacia los puertos. El 28 de abril venció el plazo judicial fijado para la finalización de las reparaciones. Ante el incumplimiento, el juez Alurralde recorrió los 266 kilómetros de la traza incluida en el amparo y constató que las obras no estaban terminadas. Por ese motivo intimó a Vialidad a presentar en 72 horas un informe sobre los motivos del atraso. La resolución marca un antecedente: por primera vez la Justicia impone controles concretos sobre la ejecución de obras de infraestructura vial, con plazos definidos y rendición de cuentas obligatoria. Resta ver si, bajo presión judicial, la DNV cumple con lo ordenado o si nuevamente el Estado nacional deja librado a su suerte a miles de usuarios que circulan a diario por la Ruta 11. Navegación de entradas Paraná: Nación autoriza reactivar el Acceso Este tras dos años de paralización Peajes sin alternativas: el nuevo plan vial del gobierno encarece la circulación y limita la libertad de tránsito
