La diputada nacional Lourdes Arrieta presentó un proyecto de ley para derogar el Decreto de Necesidad y Urgencia 461/2025, firmado por el presidente Javier Milei, que dispone la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y otros organismos relacionados con la planificación y ejecución de obras de infraestructura vial en todo el país. Además, la legisladora propone declarar la emergencia en seguridad vial hasta el 31 de diciembre de 2027, con el objetivo de asegurar el funcionamiento y financiamiento de estas instituciones clave. Arrieta, representante por Mendoza y ex integrante del oficialismo, argumenta que el cierre de Vialidad atenta contra el federalismo y la inclusión territorial. Asegura que sin rutas en condiciones, muchos pueblos y parajes rurales quedan aislados y sin acceso a servicios esenciales como energía, conectividad y transporte. “Desmantelar Vialidad es desconocer el rol estratégico que tiene el Estado en garantizar la integración territorial y la seguridad de millones de argentinos”, sostuvo. La iniciativa legislativa propone blindar institucionalmente a la DNV, la ANSV y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, dejándolas fuera del alcance de decretos administrativos anteriores al 7 de julio de 2025. En los fundamentos del proyecto, la diputada advierte que la medida del Ejecutivo fue adoptada sin una planificación técnica adecuada y sin considerar el valor del trabajo de los más de 5.000 empleados que conforman la planta del organismo, muchos de ellos expuestos a tareas de alto riesgo en condiciones climáticas extremas. En materia presupuestaria, el proyecto exige que el Poder Ejecutivo garantice el financiamiento total de estas entidades para los años 2026 y 2027. Arrieta alertó sobre la posibilidad de que se paralicen obras y tareas de mantenimiento fundamentales por la falta de fondos, lo que agravaría el deterioro de las rutas nacionales y pondría en riesgo la vida de quienes las transitan. También denunció la violencia institucional ejercida contra los trabajadores del sector, a través del vaciamiento presupuestario y la amenaza de despidos masivos. La propuesta se presenta en un contexto en el que la Justicia federal ya dictó una medida cautelar que suspende por seis meses la aplicación del DNU 461/2025, a raíz de un amparo presentado por el sindicato SEVINA. Esta resolución impide que se avance con traslados, reubicaciones o despidos de personal, mientras se resuelve la legalidad del decreto. Para Arrieta, la decisión de eliminar Vialidad responde a una lógica “centralista” que desconoce las realidades del interior profundo del país. “No se puede gobernar pensando solo desde el AMBA. El mantenimiento de rutas de montaña, el despeje por nevadas o el control de caminos rurales no son tareas rentables para el sector privado, pero sí indispensables para la vida y la producción”, señaló. El proyecto fue acompañado por legisladores del bloque Convicción Federal, que también presentaron una iniciativa similar en el Senado. Esta busca declarar la emergencia vial por dos años, aumentar el presupuesto asignado al área y exceptuar a la DNV de cualquier proceso de transformación en sociedad anónima. Además, propone realizar un relevamiento integral del estado de las rutas nacionales y establecer protocolos de actuación ante emergencias climáticas, en articulación con sindicatos y autoridades provinciales. Según Arrieta, el decreto no solo pone en riesgo miles de empleos, sino que desactiva la capacidad del Estado para planificar y ejecutar obras públicas, lo que impacta directamente en la vida cotidiana de millones de personas y en el desarrollo económico de vastas regiones del país. Navegación de entradas Empresarios advierten: Caída del 25% en infraestructura y 100.000 empleos en riesgo por freno en obra pública Gobernadores reclaman por el estado de las rutas nacionales y visibilizan el abandono del Gobierno
