La Cámara Argentina de la Construcción (CAC) lanzó una alerta este martes 22 de julio de 2025 sobre una crisis que sacude al sector, con una caída del 25% en la actividad de infraestructura y la pérdida de hasta 100.000 empleos en los últimos seis meses. La entidad vinculó directamente esta situación al freno en la obra pública nacional impulsado por el gobierno de Javier Milei, advirtiendo que la falta de mantenimiento podría derivar en daños irreversibles. «Si no se mantiene, habrá que hacer todo de nuevo», afirmó Ricardo Griot, presidente de la CAC, en una conferencia de prensa.

Según el informe presentado por la CAC, la paralización de proyectos clave, como rutas, puentes y obras de saneamiento en todo el país, ha generado un impacto económico significativo. La entidad estimó que la inversión en obra pública cayó un 40% interanual desde diciembre de 2024, afectando especialmente a pequeñas y medianas empresas constructoras y a trabajadores informales. «Estamos viendo cómo se desmantela un sector que emplea a más de 400.000 personas», señaló Griot, destacando que los 100.000 empleos en riesgo podrían dispararse si no se reactivan los fondos en los próximos meses.

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La crisis se agrava por la falta de financiamiento y la reasignación de recursos del Presupuesto Nacional hacia otras prioridades, según denunció la CAC. Proyectos como la ampliación de la Ruta Nacional 7 y el sistema cloacal en el Gran Buenos Aires, que estaban en marcha, fueron suspendidos sin plazos claros de reactivación, según datos de Clarín. Griot criticó la decisión del gobierno de priorizar el ajuste fiscal sobre la inversión en infraestructura, argumentando que «la obra pública no es gasto, es inversión en el futuro del país». La CAC también señaló que el deterioro de las obras existentes, como rutas sin mantenimiento, podría costar miles de millones de dólares en reparaciones futuras.

El impacto social ya es evidente. En provincias como Chubut y Mendoza, donde la construcción sostenía empleos indirectos en turismo y comercio, se han reportado cierres de empresas y protestas de trabajadores. En las redes sociales, el hashtag #SalvemosaLaConstrucción se viralizó esta noche, con mensajes como «Sin obra pública, no hay trabajo» y exigencias al ministro de Economía, Luis Caputo, para que revise las políticas de ajuste. Economistas consultados por Infobae coincidieron en que la caída del sector podría reducir el PBI en un 1,5% este año si no se toman medidas urgentes.

El gobierno, por su parte, defendió el recorte como parte de un plan para reducir el déficit fiscal, aunque no ha respondido directamente a las acusaciones de la CAC. Sin embargo, la presión aumenta: gobernadores como Ignacio Torres de Chubut y Axel Kicillof de Buenos Aires se sumaron a las críticas, exigiendo una reunión urgente con el Ejecutivo para destrabar fondos. Mientras tanto, la CAC anunció que presentará un plan de reactivación al Congreso, proponiendo un fondo de emergencia de U$S 1.000 millones para salvar el sector.

La advertencia de los empresarios no solo pone en jaque el empleo y la infraestructura, sino que también enciende el debate sobre las prioridades económicas del país en un contexto de recesión. Con el reloj corriendo, el sector constructor urge una respuesta antes de que la crisis se transforme en una catástrofe estructural.

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