Justicia ordena a Vialidad Nacional reparar rutas críticas en Formosa ante abandono del gobierno

El Juzgado Federal N° 1 de Formosa emitió una medida cautelar que obliga a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) a reparar de urgencia las Rutas Nacionales 11, 81, 86 y 95, en un plazo de 90 días. La decisión responde a una demanda presentada por la Fundación “Padres Unidos por el Dolor”, el Sindicato de Camioneros, la Asociación de Transportadores de Hacienda y el defensor del Pueblo, Leonardo Gialluca, ante el deterioro extremo de estas vías, que pone en riesgo la seguridad vial y la economía local.

Las rutas, clave para conectar Formosa con Chaco, Santa Fe y Paraguay, presentan fisuras, baches, ahuellamientos y vegetación descontrolada, agravando la visibilidad y generando accidentes fatales. El Puente Blanco, sobre el Riacho Formosa, destaca como un punto crítico por su estructura dañada, con socavamientos y perforaciones que amenazan la integridad de los conductores. La resolución judicial exige bacheo, sellado de grietas y limpieza de banquinas, destacando que el gobierno nacional, bajo la gestión de Javier Milei, ha incumplido su obligación de mantenerlas seguras, según la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449.

Los demandantes denuncian una negligencia deliberada, señalando que el ajuste económico ha priorizado recortes sobre la seguridad vial, ignorando las vidas humanas detrás de las estadísticas. “Es una bomba de tiempo sobre ruedas”, advierten, subrayando que el abandono afecta derechos fundamentales como la vida, el trabajo, la salud y la educación. La falta de mantenimiento también frena el desarrollo logístico, con roturas de vehículos y mayores siniestros.

El fallo critica a la Nación por desentenderse de su responsabilidad, exigiendo un informe detallado de las obras al concluir el plazo. Sin embargo, persisten dudas sobre la capacidad de Vialidad Nacional para cumplir, dado el freno generalizado a la obra pública. Mientras las familias formoseñas exigen soluciones, el caso expone tensiones entre el gobierno y las provincias, alimentando el debate sobre el impacto del ajuste libertario en la infraestructura nacional.