Emergencia vial: Informe sobre el estado crítico de las rutas nacionales por el paso de la «Motosierra»

Un reciente informe de Página 12 revela un panorama alarmante: más del 60 % de la red de rutas nacionales, equivalente a más de 20.000 km de un total de aproximadamente 40.000 km, se encuentra en mal estado, con el pavimento deteriorado y banquinas sin mantenimiento

La situación no es reciente, pero se agravó desde mediados de 2024 con la paralización casi total de la obra pública vial.

Los recortes en el presupuesto para Vialidad Nacional son impactantes: de 604.700 millones de pesos asignados en 2024, solo se giraron 254.500 millones, reteniéndose el 42 % restante. Esta subejecución presupuestaria y la decisión política de congelar las obras están en el corazón del deterioro de la infraestructura vial, según denuncian gremios del sector.

En Santa Fe, la situación es especialmente crítica. El ministro provincial de Obras Públicas, Lisandro Enrico, denunció que “las rutas nacionales no existen” para el gobierno nacional, aludiendo a la falta de obras en corredores como la Ruta 11 y la Ruta 34, donde ya murieron 60 personas en lo que va del año. Señaló que, aunque la provincia brindó asfalto y apoyo técnico, la Nación no se hizo cargo de las reparaciones pactadas en un convenio firmado el 4 de julio pasado. En los últimos 12 días, seis personas fallecieron en siniestros viales ocurridos en rutas nacionales del territorio santafesino.

Desde la Mesa de Enlace hasta cámaras de comercio y entidades industriales, las advertencias son coincidentes: las deficiencias viales encarecen los costos logísticos, afectan la competitividad y elevan el riesgo vial. En la región de Rosario, por ejemplo, se registra circulación de miles de camiones diarios por rutas saturadas que deberían ser autopistas, pero no lo son aún. Según especialistas, el país necesitaría construir 13.500 km de autopistas inteligentes, un desafío que, al ritmo actual, tomaría casi 450 años.

Los gobernadores, de Santa Fe a Mendoza y Buenos Aires, reclaman que se transfieran los proyectos y fondos desde Nación para que las provincias puedan hacerse cargo de las obras. “Si la Nación no los hace, que los haga la provincia”, reclamó Enrico. También se cuestiona que el impuesto al combustible se cobre a nivel nacional pero no se revierta en infraestructura vial, generando una inequidad territorial profunda.

En febrero de este año, el gobierno de Axel Kicillof y un grupo de veinte intendentes presentaron una denuncia judicial por el abandono del mantenimiento de las rutas, así como por la retención de la parte de la recaudación del Impuesto al Combustible que debe destinarse a Vialidad y la del ahora ex Impuesto PAÍS que debía destinarse a obras de infraestructura. El ministro de Obras Públicas bonaerense, Gabriel Katopodis, señala ahora a este diario que las cifras de esa retención que el Gobierno no giró a sus respectivos destinos se cuentan en 200 mil millones de pesos en el caso del impuesto al combustible y en 1 billón en el caso del PAíS: «El Gobierno nacional tiene que explicar qué hizo con eso», advierte.

«Cada vez que los argentinos y argentinas cargan combustible en la estación de servicio, un tercio de eso va a una cuenta específica que tiene como único destino, por ley, el arreglo de las rutas, que están en un estado total de abandono. Milei lleva más de 500 días de gobierno y no hizo un solo kilómetro de ruta y paralizó las 2.308 obras que estaban en ejecución, esto no es gratis para la Argentina», agrega.

La cuestión también llegó al Congreso nacional hace unas semanas en el marco de una reunión informativa de la Comisión de Obras Públicas a la que estaban invitados a comparecer el secretario de Obras Públicas, Luis Giovine, y el titular Vialidad, Marcelo Campoy. Al inicio de la reunión, sin embargo, el diputado santiagueño Bernardo Herrera, de Unión por la Patria y presidente de la comisión, tuvo que anunciar que los dos funcionarios habían decidido declinar la invitación.

La reunión se llevó a cabo igual con la exposición de legisladores, pero también de representantes de las provincias, como Ignacio Chaer, ingeniero de Vialidad provincial de La Pampa, quien advirtió allí que más de la mitad de las RN de la provincia «van a pasar prontamente a estar calificadas en estado malo, lo que implica ya no una simple repavimentación o bacheo sino una inversión mucho más onerosa para ponerlas en buen estado«. 

La infraestructura vial nacional atraviesa una crisis profunda. La combinación de recortes presupuestarios, postergación de obras, falta de mantenimiento y rescisión de convenios amenaza no solo la competitividad del país, sino, más urgente aún, la vida de quienes circulan por rutas cada vez más inseguras. De no revertirse esta situación, los caminos seguirán cobrando vidas, encareciendo los productos y consolidando un modelo de infraestructura desigual.