Trabajadores de Vialidad Nacional denuncian desmantelamiento del organismo

En el marco del Día Internacional de los Trabajadores, empleados y empleadas de Vialidad Nacional alzaron la voz para denunciar lo que consideran un avance deliberado del Gobierno Nacional hacia el vaciamiento y desmantelamiento del organismo encargado de construir, mantener y garantizar la seguridad de la red vial en todo el país.

Desde la Federación del Personal de Vialidad Nacional alertaron sobre una política sistemática de ajuste presupuestario, paralización de obras, y despidos masivos que comprometen no solo las condiciones laborales de miles de trabajadores, sino también la conectividad y la seguridad vial en las rutas argentinas.

Según explicó Fabián Catanzaro, secretario gremial de la Federación, durante 2024 se aplicó un presupuesto reconducido del año anterior, que ya era bajo, y además fue subejecutado en un 40%. Para 2025, la situación se agrava: se mantiene el presupuesto 2023, en un contexto inflacionario que ya superó el 200%. A esto se suma la retención, por parte del Ministerio de Economía, de los fondos del impuesto a los combustibles que por ley deben destinarse al mantenimiento vial.

De las 66 obras que estaban en ejecución, solo 20 fueron certificadas en el último mes. En su mayoría, se trata de tareas menores, como señalización o cambio de luminarias, sin impacto significativo en la infraestructura estructural de las rutas.

El conflicto escaló tras el anuncio de una posible desaparición de Vialidad Nacional, promovida a través de un decreto impulsado por el asesor presidencial Federico Sturzenegger. La propuesta oficial incluye una «reestructuración» que implicaría el despido de cerca del 30% del personal, es decir, más de 1.500 trabajadores y trabajadoras.

Además, se cuestiona con fuerza el nuevo esquema de concesiones viales: el Gobierno Nacional planea entregar 10.000 de los 40.000 kilómetros de rutas nacionales a empresas privadas, sin exigirles obras nuevas ni mejoras estructurales. Solo se contemplan tareas rutinarias, como corte de pasto y bacheo, a cambio de concesiones por 30 años. Mientras tanto, los 30.000 kilómetros restantes quedarían sin cobertura clara para su mantenimiento.

Desde la Federación advierten que estas medidas no son aisladas, sino parte de un modelo neoliberal que ya fracasó en el pasado. “La reestructuración representa un nuevo saqueo: destruir, echar, vaciar, anular es fácil, pero la reconstrucción del tejido social y productivo conlleva años de esfuerzo y sacrificio. Nos quieren hacer retroceder décadas, y no podemos permitirlo”, señalaron.

Lejos de ser una simple discusión presupuestaria, lo que está en juego es el rol del Estado en la infraestructura pública, el derecho a transitar por rutas seguras y el valor del trabajo estatal como garantía de soberanía y desarrollo.