El plan de privatización de rutas nacionales, que el oficialismo venía presentando como bandera de “eficiencia y modernización”, quedó una vez más en suspenso. El Gobierno decidió postergar hasta después de las elecciones la licitación de corredores viales estratégicos, entre ellos la llamada Ruta del Mercosur. La decisión no se explica en dificultades técnicas ni en falta de empresas interesadas. Lo que hay detrás es la preocupación por el impacto político: cada nueva medida de ajuste, cada recorte y cada concesión al capital privado han golpeado la imagen del Ejecutivo, que llega debilitado a la contienda electoral. Forzar la entrega de más de 9.000 kilómetros de rutas en medio del calendario electoral sería sumar leña al fuego de un descontento social que ya se hace sentir en la calle. La licitación prevista para agosto pasó primero a septiembre y ahora a octubre, lo que en los hechos significa trasladar el debate a un escenario posterior a la votación. El cálculo es simple: cuanto menos se hable de peajes, concesiones y encarecimiento del transporte en plena campaña, más chances tendrá el oficialismo de evitar un nuevo desgaste. Porque las concesiones no son una promesa de modernización: son, en la práctica, un encarecimiento brutal del transporte de personas y mercancías a lo largo y ancho del país. Cada aumento de peaje golpea al bolsillo de quienes viajan para trabajar o estudiar, y repercute en los costos de la producción y la distribución, trasladándose directamente a los precios que paga el pueblo en góndolas y ferias. Pero el aplazo no detiene el proyecto. En los despachos del Ministerio de Infraestructura insisten en que la privatización es inminente y que el objetivo sigue siendo avanzar con el traspaso de los corredores más transitados, bajo un modelo de concesiones con peaje que, aseguran, permitirá “mejorar el estado de las rutas”. Para los usuarios y para los trabajadores del sector, la experiencia histórica marca lo contrario: tarifas más altas, mantenimiento insuficiente y pérdida de control estatal sobre infraestructura estratégica. El Gobierno, consciente de su imagen negativa, eligió correr la discusión. No hay marcha atrás en el plan de privatización, solo una pausa táctica para que el costo lo paguen después del voto. Navegación de entradas Sin Presupuestos no hay Vialidad Vialidad avanza con estudios en el puente de Carcarañá
