Sturzenegger lleva al extremo su ideología: desmantela la seguridad vial y, como con el fentanilo, pone en riesgo la vida en las rutas

El ministro de Desregulación avanza con una agenda ideológica que busca retirar al Estado de la gestión vial, disolviendo organismos clave y promoviendo desregulación en transporte, mientras denuncias lo acusan de sacrificar la seguridad ciudadana en nombre del mercado.—Federico Sturzenegger, arquitecto principal de la desregulación radical del Estado, encarna la filosofía de achicar al máximo la intervención pública.

Bajo su impulso, se firmó la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial.

Esta decisión deja sin cobertura técnica y administrativa aproximadamente 40 000 km de rutas nacionales, mientras se han anunciado licitaciones para más de 9 000 km de caminos altamente degradados.

En un contexto donde otras áreas gravitantes también pierden controles –como ocurrió con la flexibilización en el uso de fentanilo– la eliminación sistemática de verificaciones y organismos de transporte refleja un patrón preocupante: la desregulación se extiende sin filtros, potencialmente exponiendo a la población a riesgos múltiples.

El sector privado y federaciones también levantaron bandera roja. Roberto Rivero, de Fadeeac, advirtió que eliminar exámenes psicofísicos y la capacitación para conductores reducirá la seguridad vial y permitirá que actores irresponsables eludan obligaciones esenciales.

Este viraje, impulsado por una lógica que prioriza la eficiencia de mercado sobre la planificación social, provocó la reacción de gremios, gobernadores y legisladores provinciales, quienes reclaman que las rutas no sean objeto de ideologías radicales sino de responsabilidad pública.

En Venado Tuerto, la senadora Leticia Di Gregorio remarcó la desconexión del gobierno con las realidades territoriales: en una visita del ministro, un incidente local fue respondido con una pregunta indiferente: “¿Tan mal están?”, subrayando el grado de desprecio hacia las necesidades del interior del país.

Quizás lo más alarmante es que este modelo, repetido en otras áreas como salud, residuos o seguridad, ignora consecuencias concretas sobre la vida de quienes transitan rutas destruidas. Si la desregulación del fentanilo mostró cómo el remate del Estado pone en peligro sanitario, su traslado a la seguridad vial implica una amenaza explícita para la integridad física de cientos de miles de personas.

La destrucción de pilares esenciales para el mantenimiento vial no es solo un ajuste administrativo: es —en expresión de los gremios— una decisión ideológica que deja al país sin respaldo técnico, sin institucionalidad y, sobre todo, sin garantías de seguridad. La pregunta que queda flotando es quién responderá por cada vida que se pierda en este desmantelamiento sistemático.