El Gobierno Refuerza una persecución Sindical con Nuevos Registros para Delegados Gremiales

El gobierno nacional ha implementado una serie de medidas que buscan centralizar y reforzar el control sobre la actividad sindical en la Administración Pública Nacional, generando un fuerte rechazo por parte de las principales centrales obreras del país.

Las nuevas disposiciones incluyen la creación de un «Registro Centralizado de Delegados Sindicales» y un «Registro de Juicios en los que se invoca la Tutela Sindical».

A través de la Resolución 34/2025, el Ejecutivo Nacional establece un procedimiento único y obligatorio para la incorporación de datos de los delegados gremiales y exige a cada organismo estatal reportar, en un plazo de 24 a 48 horas, cualquier acción legal en la que se invoque la tutela sindical.

Esta medida implica que cada elección, lista de candidatos y juicio relacionado con la protección gremial estará bajo el análisis y la opinión del Poder Ejecutivo.

Entre las novedades más destacadas, se establece que las elecciones de delegados solo serán válidas si el sindicato acredita al menos un 10% de afiliación con respecto al personal del organismo público. Además, los candidatos y delegados electos no gozarán automáticamente de tutela sindical; el Estado evaluará si cumplen los requisitos de la Ley 23.551, pudiendo rechazar su inscripción y protección si considera que exceden las cuotas o no cumplen las condiciones.

Desde el sector gremial, las críticas no se hicieron esperar. El Secretario General del Sindicato de Vialidad del 7° Distrito, Marcelo Bortolotti, señaló su preocupación, «No es la primera vez que vemos cómo se intenta avanzar sobre las libertades de los trabajadores para elegir sus representantes. Ahora quieren perseguir y exponer a los trabajadores.» Por otra parte recordó además otras acciones que van en la misma línea, que han sido verbalizadas en reuniones con la administración de este último tiempo.

Por otra parte Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE, ha calificado estas medidas como un intento de «reducir la representación en los lugares de trabajo» y ha denunciado la creación de un «registro ilegal» para obstaculizar la resistencia a las políticas de cada ministerio. Aguiar advirtió que el gobierno busca confeccionar una «lista de persecución» de sindicalistas, lo que podría derivar en despidos una vez finalizados los mandatos.«

Natalia Salvo, abogada laboralista, ha expresado su preocupación, señalando que el propósito de esta centralización de datos es «exponer y perseguir a los trabajadores estatales«. Recordó, además, acciones similares implementadas durante la gestión de Mauricio Macri en 2017.

La implementación de este registro se suma a otras acciones de la administración actual que han sido percibidas como un ataque a los derechos laborales, incluyendo el intento de reforma laboral a través del DNU 70/23, que fue frenado por la Justicia, y el Decreto 340/2025, que limita el derecho a huelga en sectores esenciales.

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) ha repudiado la iniciativa de limitar el derecho a huelga, y la CGT ha emitido un enérgico comunicado rechazando el Decreto 340/25, acusando al Poder Ejecutivo de intentar suprimir el derecho a huelga sin debate.

Las nuevas medidas han encendido las alarmas en el ámbito sindical, que las interpreta como una intervención directa del Estado empleador en la vida interna de los gremios, lo que, según los dirigentes, contraviene los principios de autonomía sindical consagrados en los convenios 87 y 98 de la OIT.