El sindicato del sector vial elevó una grave denuncia penal contra el máximo responsable de las rutas argentinas. La Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) acusó formalmente al administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Jorge Campoy, por «incumplimiento de deberes» y «malversación de fondos públicos» ante el Juzgado Federal N°2 de Sebastián Ramos.

El núcleo de la acusación señala que durante 2024 y lo que va de 2025 se habrían desviado masivos recursos destinados al mantenimiento vial. Según los cálculos del gremio, de los $609.672 millones presupuestados el año pasado, sólo se ejecutaron $332.392 millones, dejando $277.280 millones sin aplicar en su destino específico. La partida más afectada habría sido el programa de mantenimiento y rehabilitación de rutas, con un recorte de $133.785 millones.

«Estamos ante un deterioro programado de la red vial», afirmaron desde FEPEVINA, señalando que según datos oficiales ya en 2022 el 45% de las rutas estaban en estado regular o malo, situación que habría empeorado sustancialmente. El sindicato vinculó directamente esta situación con el aumento del 14% en víctimas fatales de tránsito durante 2023, que totalizaron 4.369 muertes según la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

La denuncia profundiza al asegurar que incluso fondos específicos como el Impuesto a los Combustibles -que por ley debe destinarse en un 28,58% a obras viales- habrían sido redireccionados ilegalmente. «Es dinero que pagamos todos los argentinos cada vez que cargamos nafta y que por ley debe usarse exclusivamente para rutas», explicaron fuentes gremiales.

Frente a este escenario, FEPEVINA no sólo pidió la investigación de Campoy y eventuales cómplices, sino que advirtió sobre las consecuencias nacionales de esta situación: «Más allá del delito penal, estamos hablando de vidas en riesgo y de un golpe al desarrollo económico del país por el mal estado de nuestra red vial troncal».

La presentación judicial llega en un contexto de creciente conflicto entre el gremio vial y la conducción de Vialidad Nacional, mientras varias provincias ya habían manifestado su preocupación por el deterioro acelerado de las rutas y la falta de obras de mantenimiento básico. El caso promete abrir un nuevo frente judicial sobre el uso de fondos públicos en infraestructura crítica para el país.

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