La Federación del Personal de Vialidad Nacional participó activamente de la apertura del Quinto Congreso Nacional de Seguridad Vial, un encuentro clave desarrollado en la ciudad de Mar del Plata que congrega a especialistas, organizaciones civiles y representantes del sector productivo.

En un contexto marcado por la fuerte parálisis de la obra pública y la desregulación de los esquemas de control vehicular por parte del Ejecutivo central, la representación gremial de los trabajadores viales llevó al centro del debate la urgente necesidad de reactivar las políticas públicas de mantenimiento estructural para frenar el deterioro de la red caminera federal.

El evento, coorganizado por el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires y la Fundación Estrellas Amarillas, opera como una caja de resonancia civil donde la alarmante situación del asfalto nacional se cruza con las demandas de los usuarios por una movilidad segura que priorice la preservación de vidas humanas.

Durante las mesas de discusión y micro charlas programadas en el Museo del Mar, la delegación sindical aportó un diagnóstico técnico y territorial exhaustivo sobre el estado de vulnerabilidad en el que se encuentran los principales corredores comerciales del país.

Los trabajadores viales advirtieron que la reducción de partidas presupuestarias y la delegación de responsabilidades de mantenimiento profundo en manos de consorcios privados distorsionan el carácter preventivo de la seguridad vial, postergando obras de bacheo, demarcación y señalización esenciales en tramos periféricos de baja rentabilidad comercial.

Esta mirada gremial coincide con las advertencias de los familiares de víctimas de siniestros de tránsito, quienes señalan que la ausencia de un rol fiscalizador y planificador por parte del Estado nacional transforma las rutas en trampas logísticas, donde los accidentes graves se incrementan de forma proporcional al abandono de las carpetas asfálticas.

La intervención en este foro nacional funciona como una plataforma de visibilización institucional frente a lo que el sector define como un proceso de vaciamiento encubierto de la infraestructura pública común.

Los representantes gremiales reafirmaron que la defensa de Vialidad Nacional no responde a un interés meramente corporativo, sino a la ratificación de un modelo de país integrado donde los caminos operen como un servicio social y estratégico al servicio del desarrollo regional, y no como unidades de negocios aisladas.

Al articular su reclamo con organizaciones de la sociedad civil y autoridades provinciales, el sindicato busca romper el aislamiento del conflicto laboral para instalar una discusión estructural sobre las consecuencias civiles de la desinversión vial, demostrando que la seguridad en el tránsito no se resuelve con la agilidad burocrática del mercado sino con presencia estatal soberana en las rutas.

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