La parálisis de la obra de reparación del viaducto, ubicado entre Carcarañá y Correa, mantiene cortado un corredor productivo estratégico. Vecinos, transportistas y comerciantes exigen respuestas urgentes ante el aislamiento y el severo impacto económico.

El corte total sobre el puente que cruza el río Carcarañá en la Ruta Nacional 9 alcanzó la preocupante marca de nueve meses sin miras de una resolución cercana. La interrupción del tránsito, originada a raíz de fallas estructurales que obligaron a Vialidad Nacional a clausurar el viaducto para ejecutar obras de reparación urgentes, se transformó en una crisis crónica que afecta la conectividad vial y destruye el tejido socioeconómico de las localidades de Carcarañá y Correa, en el sur de la provincia de Santa Fe. Los plazos iniciales de obra previstos por las autoridades federales se licuaron frente a sucesivos retrasos técnicos y financieros, lo que convirtió a un desvío transitorio en una pesadilla logística diaria para miles de usuarios.

La parálisis del corredor no solo alteró la rutina de los automovilistas locales, sino que generó pérdidas millonarias en el transporte de cargas en plena temporada de cosecha, obligando a los camiones a realizar desvíos de decenas de kilómetros a través de la Autopista Rosario-Córdoba o rutas provinciales ya saturadas. Sin embargo, el impacto más dramático se registra en los comercios e industrias radicados a la vera de la Ruta 9, cuyo nivel de actividad se desplomó de manera catastrófica ante la ausencia absoluta de vehículos. Propietarios de estaciones de servicio, paradores, gomerías y restaurantes de la zona denunciaron que la falta de respuestas estatales pone en riesgo la continuidad de cientos de puestos de trabajo genuinos, arrastrando a la economía regional a un escenario de virtual aislamiento.

Ante la falta de avances visibles en el puente y las respuestas evasivas de los organismos nacionales, las comunidades afectadas comenzaron a articular mecanismos de reclamo conjunto. Autoridades municipales de la región, cámaras empresariales y centros comerciales unificaron posiciones para exigir a Vialidad Nacional un plan de contingencia inmediato, que incluya certezas sobre la reactivación de los trabajos o, en su defecto, la habilitación de un paso provisorio para vehículos livianos. Para los habitantes de la región, los nueve meses de inactividad en el río Carcarañá constituyen una muestra elocuente de la profunda crisis de inversión que atraviesa la infraestructura vial nacional, donde las demoras burocráticas terminan siendo costeadas por el sector productivo y los ciudadanos del interior.

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