La Fiscalía de Estado de la Provincia de Santa Fe ha emitido un dictamen clave que aconseja una revisión integral del sistema de control de velocidades mediante radares en las rutas nacionales que atraviesan el territorio provincial. El documento, firmado por el fiscal Domingo Rondina, surge tras los cuestionamientos sobre la legalidad de los dispositivos instalados y la falta de autorizaciones correspondientes por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Esta intervención judicial reabre el debate sobre la verdadera finalidad de estos controles, en un contexto donde el deterioro de la infraestructura vial y el incremento de la siniestralidad parecen quedar en un segundo plano frente a la capacidad recaudatoria de las multas de tránsito. El pedido de intervención fue impulsado por el secretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), Carlos Torres, debido a los persistentes conflictos de competencia entre las jurisdicciones nacional y provincial. Según el dictamen, si bien la ANSV tiene la potestad de constatar infracciones en trazas nacionales, el convenio de cooperación firmado en 2020 establece que la instalación de radares debe definirse de común acuerdo y basarse estrictamente en informes técnicos de siniestralidad vial. Sin embargo, la proliferación de controles en tramos donde la prioridad debería ser el mantenimiento del asfalto ha generado suspicacias sobre un uso del sistema orientado a aumentar el flujo de recursos estatales en lugar de prevenir accidentes. Para los sectores que integran el espacio multisectorial en defensa de la vida y la seguridad vial, la respuesta del Estado parece limitarse a la instalación de radares mientras se profundiza el vaciamiento de Vialidad Nacional y la falta de inversión en mantenimiento preventivo. Se denuncia que la lógica recaudatoria prevalece sobre la seguridad pública: mientras el 75% de las rutas nacionales presenta un estado regular o malo, los esfuerzos operativos se concentran en la fiscalización electrónica de velocidad. Esta desproporción sugiere que el sistema de faltas funciona como un mecanismo compensatorio ante el ajuste presupuestario, en lugar de ser una herramienta integrada a un plan de infraestructura que garantice la transitabilidad segura. La revisión integral aconsejada por la Fiscalía busca asegurar que se cumplan los convenios vigentes y que los ciudadanos no sean víctimas de un ejercicio abusivo del poder de policía en las rutas. Desde el Tribunal de Faltas se insiste en que el objetivo no es recaudar, pero la realidad en el territorio —marcada por la ausencia de cuadrillas de mantenimiento de Vialidad Nacional y de insumos para operativos críticos— contradice el discurso oficial. Sin una inversión real en la recuperación de las calzadas y en el fortalecimiento de los organismos de control técnico, el uso de radares corre el riesgo de consolidarse únicamente como un «impuesto al tránsito» que no logra reducir las muertes por siniestros viales evitables. Finalmente, el dictamen de Rondina subraya que el derecho de los ciudadanos a circular en condiciones de seguridad y orden es prioritario. La resolución de este conflicto de competencias determinará si Santa Fe avanza hacia una política de seguridad vial integral o si persiste en un modelo donde el Estado Nacional abandona su rol en la infraestructura mientras el Estado Provincial se enfoca en la captación de recursos mediante multas. La próxima reunión de los distritos viales y la multisectorial de seguridad vial el 26 de marzo será determinante para fijar una postura común ante lo que consideran un desvío de las funciones esenciales de protección a los usuarios. Navegación de entradas Alerta ante el operativo invernal por falta de recursos El deterioro de la infraestructura vial argentina y su impacto en la integración del Mercosur
