En medio de un escenario de parálisis de la obra pública nacional y el persistente conflicto de jurisdicciones entre la Casa Rosada y las administraciones provinciales, el municipio de Puerto General San Martín decidió romper el estancamiento. A través de gestiones directas ante Vialidad Nacional, la administración local obtuvo la autorización técnica necesaria para intervenir con recursos propios un tramo estratégico de la Ruta Nacional 11, una arteria vital para el flujo agroexportador que hoy presenta un estado de deterioro crítico con un flujo récord de 14 mil camiones diarios. La decisión política de la intendencia surge como una respuesta directa a la falta de inversión por parte del Gobierno nacional en el mantenimiento de las trazas que atraviesan el cordón industrial santafesino. El convenio, que será rubricado próximamente, permitirá que el municipio ejecute trabajos de bacheo profundo y repavimentación integral en el trayecto comprendido entre los límites con San Lorenzo y Timbúes. Aunque Vialidad Nacional mantendrá la potestad de supervisión técnica de las tareas, la ejecución y el financiamiento recaerán exclusivamente en las arcas municipales.La inversión prevista para esta obra asciende a los 3.500 millones de pesos, una cifra significativa que será extraída de la recaudación local y el aporte de los contribuyentes puertenses. Desde el Concejo Municipal remarcaron que el objetivo primordial es frenar la siniestralidad vial en una zona donde el tránsito pesado de camiones convive diariamente con vehículos particulares en condiciones de extrema inseguridad. El argumento central del Ejecutivo local es que la urgencia de salvar vidas no puede quedar supeditada a las demoras administrativas o a las disputas presupuestarias de los niveles superiores del Estado. la riqueza del país que fluye hacia los puertos del sur santafesino tampoco se hace presente en estas reparaciones sino que serán las arcas municipales y los vecinos los que cargarán el costo. Esta intervención municipal marca un precedente en la gestión de infraestructura vial de la región, evidenciando un cambio de estrategia ante la retirada de la Nación de sus responsabilidades de mantenimiento. Si bien históricamente los municipios se veían impedidos de actuar sobre rutas nacionales por cuestiones legales de jurisdicción, la persistencia de las autoridades locales logró abrir una vía de excepción. La medida busca paliar el efecto «embudo» que se genera en los accesos portuarios, donde a pesar de las mejoras realizadas por la provincia en autopistas, las trazas nacionales han quedado relegadas a un estado de abandono que pone en riesgo la actividad económica y la integridad física de los conductores. Navegación de entradas La desinversión vial como amenaza estructural para la economía y la producción Promesas de papel para una red vial en ruinas
