Promesas de papel para una red vial en ruinas

Mientras el Gobierno Nacional difunde mapas de futuras concesiones que abarcan miles de kilómetros, la realidad en las rutas argentinas muestra una parálisis total de la obra pública.

Tras un año y medio de gestión sin inaugurar trazas nuevas, la estrategia oficial apunta a transferir el costo del mantenimiento a los usuarios mediante peajes, deslindando responsabilidades en las provincias y el sector privado.

El reciente despliegue comunicacional sobre la Red Federal de Concesiones ha encendido las alarmas sobre la brecha que separa la propaganda oficial de la infraestructura real.

El mapa presentado, que colorea con entusiasmo miles de kilómetros de rutas nacionales, intenta instalar la idea de una construcción masiva que, en la práctica, no es tal. Lo que se promociona como un hito de ingeniería es, en rigor, un proceso administrativo para entregar la gestión de caminos ya existentes al sector privado.

El uso del término ‘construir’ resulta técnicamente engañoso cuando el plan se limita a concesionar trazas que hoy presentan un estado de deterioro crítico, delegando su reparación en empresas que financiarán las obras a través de nuevos peajes.

A falta de apenas dieciocho meses para que concluya el mandato actual, el balance en materia de infraestructura vial es inexistente. Resulta paradójico que se anuncien licitaciones para veinte mil kilómetros cuando en el primer tramo de la gestión no se ha concretado un solo kilómetro de ruta nueva. Esta inacción ha dejado a la red troncal nacional en una situación de ‘resaca’ absoluta, con calzadas destruidas y banquinas inexistentes que ponen en riesgo la seguridad de quienes las transitan.

La ausencia de inversión estatal directa ha sido la norma, transformando las promesas de grandes obras en una puesta en escena que busca ocultar la falta de ejecución presupuestaria en el área de vialidad.

El esquema propuesto no solo traslada el mantenimiento al bolsillo del usuario, sino que configura una maniobra financiera cuestionable sobre los recursos públicos. Mientras el Estado sigue percibiendo los impuestos específicos a los combustibles y otros gravámenes que deberían destinarse por ley a la mejora vial, esos fondos parecen esfumarse en otras partidas del Tesoro.

En lugar de aplicar lo ya recaudado a las rutas, se empuja a las administraciones provinciales a tomar deudas para sostener tramos de jurisdicción federal.

Este modelo de desfinanciamiento centralizado obliga a las jurisdicciones locales a asumir costos operativos de un sistema que el Gobierno Nacional ha decidido abandonar de facto.

Finalmente, la letra chica de estas concesiones revela un sesgo excluyente en el acceso a la movilidad.Al privatizar la gestión de la red troncal bajo la premisa del ‘usuario-pagador’, se condena a vastas regiones del interior a un aislamiento relativo o al pago de tarifas abusivas para circular por caminos que son bienes públicos.

El legado de esta gestión no parece ser la red moderna que muestran sus gráficos en redes sociales, sino una deuda social profunda y una infraestructura fragmentada.

Se prometen obras que el cronograma electoral y la falta de financiamiento real hacen imposibles de cumplir, dejando el terreno preparado para que solo unos pocos puedan costear el derecho a transitar por un país cuya integración vial retrocede día tras día.