La gestión de la infraestructura vial en el país atraviesa una etapa de cuestionamientos debido a la falta de un plan estratégico de mantenimiento y la persistencia de intervenciones superficiales en la red troncal. En declaraciones recientes, referentes del sector, entre ellos el secretario general de los Viales Nacionales en Entre Ríos y secretario gremial de la Federación a nivel nacional, Raúl Meza, advirtieron que las medidas implementadas por el Gobierno Nacional no logran revertir el deterioro estructural de las calzadas, limitándose a soluciones temporales que no resuelven el problema de fondo. Según este análisis, la actual política se caracteriza por ser una sucesión de «parches sobre parches», lo que compromete la seguridad vial y la durabilidad de la Red Vial Nacional. La problemática radica en la desarticulación de las capacidades operativas de la Dirección Nacional de Vialidad. Los especialistas señalan que la parálisis de las obras de repavimentación y la falta de inversión en mantenimiento preventivo obligan a realizar reparaciones de emergencia que tienen una vida útil muy limitada. Este enfoque de corto plazo no solo resulta ineficiente desde el punto de vista técnico, sino que incrementa los costos a largo plazo, ya que el agotamiento de las bases estructurales del pavimento exigirá, en un futuro cercano, reconstrucciones totales mucho más onerosas que el mantenimiento que hoy se omite. Desde los sectores técnicos y gremiales se ha puesto el foco en la paradoja que atraviesa el organismo: mientras la recaudación de fondos específicos para el sector se mantiene, la ejecución presupuestaria para obras directas ha caído drásticamente. Esta situación ha llevado a una pérdida de la soberanía técnica, donde el Estado Nacional delega o abandona funciones esenciales, dejando la transitabilidad de rutas estratégicas para la producción supeditada a intervenciones mínimas. La falta de insumos básicos y la presión sobre el personal especializado, sumado a las políticas de retiros voluntarios, agravan la incapacidad de respuesta del organismo ante el avance del deterioro climático y del tránsito pesado. El diagnóstico de los profesionales viales coincide en que la fragmentación de la red y el intento de traspasar responsabilidades a las provincias, sin los recursos correspondientes, solo profundizará la crisis de conectividad. El modelo de «parches» denunciado no solo afecta la calidad de las rutas, sino que impacta de manera directa en los costos logísticos nacionales y en la siniestralidad. Para los referentes del sector, la recuperación de la red vial nacional requiere retomar un plan de inversiones sostenido que priorice la gestión estatal directa y el fortalecimiento de Vialidad Nacional como ente rector de la infraestructura terrestre. Finalmente, se advierte que la persistencia en este esquema de abandono inducido busca naturalizar el mal estado de las rutas para justificar la implementación de sistemas de concesiones privadas. Sin embargo, la experiencia técnica indica que, sin una base estructural sólida mantenida por el Estado, el sistema de peajes no garantiza por sí solo la recuperación de una red que hoy se encuentra al límite de su capacidad operativa. La advertencia sobre la precariedad de las soluciones actuales resuena como un llamado a revisar la política de desfinanciamiento antes de que el daño en la infraestructura troncal sea irreversible. Navegación de entradas Pablo Nasime: «Estamos con presupuesto recortado, falta de material y un vaciamiento de personal» Hacia un frente multisectorial: organizaciones viales y civiles se unen en defensa de la vida y la seguridad pública
