Un nuevo fallo ordena a Vialidad Nacional y al Estado Nacional iniciar reparaciones urgentes en el tramo que une San Justo con la capital santafesina. El magistrado advirtió sobre el «riesgo inminente» para la vida de quienes transitan la zona.

En lo que representa un nuevo capítulo de una batalla legal de larga data, la Justicia Federal volvió a emitir una orden contundente contra la Dirección Nacional de Vialidad y el Estado Nacional: deben intervenir de manera inmediata para reparar la Ruta Nacional 11, específicamente en el tramo comprendido entre las ciudades de San Justo y Santa Fe.

El fallo responde a la persistente falta de mantenimiento y al deterioro avanzado de la calzada, que ha transformado a esta vía —un corredor productivo vital para el Mercosur— en una trampa mortal para conductores particulares y transportistas.

Los puntos clave de la resolución

La intervención judicial subraya que la desidia administrativa no puede estar por encima de la seguridad vial. Los ejes principales del dictamen incluyen:

  • Reparación Urgente: Se exige un plan de bacheo profundo, repavimentación de sectores críticos y señalización adecuada en un plazo perentorio.
  • Responsabilidad del Estado: El juez desestimó las excusas presupuestarias, recordándole a la administración central que es su deber garantizar la transitabilidad y la integridad física de los ciudadanos.
  • Estado de Abandono: La justicia constató, mediante peritajes y denuncias previas, la existencia de baches de gran tamaño, banquinas descalzadas y una falta total de iluminación en cruces estratégicos.

Un reclamo que nace en el territorio

El malestar no es nuevo. Intendentes, presidentes comunales y legisladores de la región vienen denunciando que la Ruta 11 es «tierra de nadie».

«No estamos pidiendo una autopista de lujo, estamos pidiendo que la gente no se mate en los pozos», señalaron referentes locales tras conocerse el fallo.

A pesar de los anuncios de «planes de emergencia» realizados por Vialidad Nacional en meses anteriores, la realidad en el asfalto muestra que las tareas de mantenimiento han sido insuficientes o directamente inexistentes. La acumulación de agua en los desniveles durante los días de lluvia y la alta densidad de camiones agravan la situación jornada tras jornada.

¿Qué sigue ahora?

Con esta nueva intimación, el Gobierno Nacional queda bajo la lupa judicial. Si bien existen instancias de apelación, la presión social y legal coloca a Vialidad en una posición comprometida: de no iniciarse las obras, podrían aplicarse sanciones conminatorias o multas diarias.

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