El Ministerio de Economía impulsa un decreto para transferir a Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz la competencia para otorgar concesiones de obra pública por peaje en tramos de rutas nacionales que cruzan sus territorios. Los documentos oficiales del expediente EX-2026-37587362, tramitados entre el 14 y el 15 de abril de 2026, detallan el mecanismo, pero guardan silencio sobre el destino de los impuestos que actualmente recauda el Estado nacional para sostener la infraestructura vial. La iniciativa responde a solicitudes formales de las provincias, canalizadas a través de la Secretaría de Interior. Según las notas NO-2026-37569569 y su ampliatoria NO-2026-37642921, los gobernadores pidieron autorización para ejecutar por sí o por terceros obras de administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de tramos específicos, con la posibilidad de recuperar la inversión mediante peajes u otros esquemas previstos en la Ley 17.520. El proyecto de decreto, que ya cuenta con dictamen favorable de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), establece que la delegación será funcional, limitada, temporal y revocable, sin transferir la titularidad del dominio público ni la jurisdicción federal sobre las rutas. En todos los casos, las provincias deberán firmar convenios previos con la DNV en los que detallen plan de obras, cronograma, fuente de financiamiento, peaje máximo proyectado y pliegos licitatorios. La DNV se reserva la evaluación técnica, económica y ambiental, además de la supervisión y auditoría de los contratos. El texto oficial insiste en que las provincias deberán cumplir con los principios de publicidad, concurrencia, transparencia y equilibrio económico-financiero de la Ley 17.520. También establece que no podrán licitar conjuntamente rutas nacionales y provinciales en un mismo corredor y que los fondos del peaje solo podrán destinarse al tramo concesionado. Sin embargo, en ninguno de los documentos –ni en las providencias, ni en la nota de la DNV del 15 de abril, ni en el dictamen jurídico– se menciona qué ocurrirá con los recursos que el Estado nacional ya recauda a través de impuestos específicos (combustibles, patentes y otros tributos viales) ni cómo se articulará esa recaudación con los nuevos peajes provinciales. La propuesta implica que los usuarios –en su mayoría contribuyentes– pagarán peajes para financiar las obras y su mantenimiento en esos corredores. Fuentes periodísticas previas están mencionando la posibilidad de que las provincias recurrieran también a endeudamiento para apalancar los proyectos, aunque los papeles oficiales del expediente no lo explicitan y se limitan a hablar de “recuperación de la inversión” mediante concesiones. El trámite avanzó con rapidez: el 15 de abril la Secretaría de Coordinación de Infraestructura giró el expediente a la DNV, que emitió su informe técnico y jurídico el mismo día. Horas después, la Dirección Nacional de Vialidad devolvió las actuaciones a la Secretaría de Coordinación “a sus efectos”, con lo que el Ministerio de Economía puede ahora incorporar las observaciones y avanzar hacia la firma del decreto. El expediente se encuentra en plena tramitación administrativa y, una vez aprobado el decreto, cada provincia deberá negociar su convenio individual con la DNV para poner en marcha las concesiones. Navegación de entradas El «abandono absoluto» de la Ruta 168: Denuncian que la falta de control y mantenimiento cuesta vidas La Justicia Federal vuelve a intimar a Nación por el «estado crítico» de la Ruta 11
