La justicia federal ordenó recientemente a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) proceder con la actualización de los salarios de sus trabajadores, tras un período de congelamiento que se extendió por más de un año en un contexto de alta inflación. Si bien la resolución surge como una respuesta a la pérdida del poder adquisitivo del sector, el fallo contiene grises procesales que podrían transformar lo que parece una victoria sindical en una nueva y prolongada batalla administrativa, postergando la recomposición efectiva de los haberes. La decisión judicial reconoce el derecho de los empleados a no ver pulverizados sus ingresos ante la falta de paritarias o actualizaciones automáticas. Sin embargo, la estructura del fallo presenta una particularidad que debilita su ejecución inmediata: el magistrado interviniente, tras dictar la orden de actualización, se declaró incompetente para continuar en la causa y dispuso el traslado del expediente a otro fuero. Este movimiento técnico genera un vacío de autoridad momentáneo que, en la práctica, suele funcionar como un freno de mano para el cumplimiento de las sentencias contra el Estado. El traspaso de la causa implica que un nuevo juez deberá recibir el cuerpo del expediente, analizar los antecedentes y ratificar las competencias antes de dar curso a las medidas de ejecución. Este escenario abre una ventana de oportunidad para que la administración pública interponga recursos de apelación o planteos de nulidad basados en la nueva jurisdicción, una estrategia habitual para dilatar los desembolsos de fondos públicos. Para los trabajadores, esto significa que la orden de «actualizar» no se traducirá automáticamente en un reflejo en sus cuentas bancarias en el próximo ciclo de liquidación. Además, el cambio de fuero resetea los tiempos procesales en un momento crítico. Mientras la burocracia judicial define qué estrado es el adecuado para dar el veredicto final, la inflación continúa erosionando los salarios que ya arrastran un retraso de doce meses. La posibilidad de que Vialidad Nacional argumente limitaciones presupuestarias o errores en el procedimiento de origen ante el nuevo magistrado es alta, lo que podría derivar en una instancia de mediación o en nuevas presentaciones legales que retrotraigan la situación a fojas cero. Aunque el reconocimiento del congelamiento salarial es un antecedente jurídico de peso, la combinación de una orden de pago con un desentendimiento judicial por incompetencia deja a los empleados en un limbo. La resolución parece ser más un gesto de principios que una herramienta de cumplimiento efectivo, dejando la solución real supeditada a un nuevo proceso que promete ser tan extenso como el propio congelamiento que se intenta revertir. Navegación de entradas Vialidad busca perseguir la protesta El peso de la desidia nacional sobre las rutas provinciales
