FEPEVINA denuncia «ausencia deliberada» del Estado en la audiencia judicial por paritarias

La Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) denunció esta semana una maniobra de dilación institucional tras la incomparecencia de los representantes del Estado Nacional a la audiencia fijada por la Justicia del Trabajo para el pasado jueves 19 de febrero. La citación judicial tenía como objetivo principal obligar a la apertura de una mesa de negociación efectiva, dado que los salarios del sector técnico y operativo de Vialidad Nacional permanecen sin actualizaciones desde octubre de 2024. Para la federación, el «faltazo» de los funcionarios de la Secretaría de Trabajo y de la Dirección Nacional de Vialidad representa un desprecio hacia las instituciones judiciales y una vulneración directa de los derechos colectivos de los trabajadores viales.

Este incumplimiento judicial se produce en un momento crítico, ya que la brecha entre los ingresos del personal y el costo de la canasta básica se ha profundizado drásticamente. Según los informes presentados por las seccionales de FEPEVINA, la ausencia de las autoridades en el juzgado no es un hecho aislado, sino que coincide con la aceleración del plan de retiros voluntarios y la publicación de los nuevos pliegos para la privatización de corredores viales. El gremio sostiene que el Estado busca evitar cualquier compromiso de recomposición salarial antes de avanzar con la reducción de la planta, utilizando el congelamiento de haberes como una herramienta de presión para que los agentes viales opten por la desvinculación del organismo.

Ante la falta de interlocutores en la instancia judicial del 19 de febrero, la federación ha ratificado el estado de asamblea permanente en los 24 distritos del país. Los trabajadores denuncian que, mientras el organismo se ausenta de las paritarias, sí mantiene una actividad administrativa intensa para oficializar el aumento de peajes que entrará en vigencia este 26 de febrero. Para FEPEVINA, esta contradicción evidencia una política de priorizar la recaudación y la transferencia de rutas al sector privado por sobre la sostenibilidad de la fuerza laboral propia, la cual es responsable de garantizar la seguridad en los tramos no concesionados de la red federal.

La conducción de la federación advirtió que presentará una nueva medida cautelar ante la justicia federal para denunciar el incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de quienes debían asistir a la audiencia. Al mismo tiempo, se evalúa un cronograma de medidas de fuerza que afectará las tareas de mantenimiento y control de pesos y dimensiones en puntos estratégicos del país. El reclamo de FEPEVINA es claro: no habrá paz social en las rutas nacionales si el Estado continúa eludiendo sus responsabilidades legales y salariales mediante la inasistencia a las convocatorias judiciales y la falta de propuestas concretas de aumento.