La Justicia Federal de Salta intimó al organismo nacional a realizar obras de bacheo y mantenimiento urgente en la Ruta 34, sumando una nueva derrota judicial ante el estado de abandono de los corredores federales. Por segunda vez en menos de un mes, el Poder Judicial ha debido intervenir para suplir la inacción de la Dirección Nacional de Vialidad. En esta oportunidad, la Justicia Federal con asiento en la provincia de Salta emitió una orden directa al organismo para que proceda a la reparación inmediata del tramo de la Ruta Nacional 34 que une las localidades de Urundel y Salvador Mazza. El fallo judicial destaca que el estado de la traza representa un riesgo inminente para la vida de las personas y la integridad de los vehículos, calificando la situación de «abandono manifiesto» en una vía que es clave para el comercio internacional con Bolivia. Esta resolución se suma a la reciente cautelar que otorgó apenas diez días a Vialidad Nacional para iluminar la Circunvalación de Rosario, confirmando una tendencia donde los jueces federales comienzan a tutelar el derecho a la seguridad vial ante el retiro del Estado Nacional de sus funciones básicas. En el norte del país, los baches profundos, la falta de señalización y el deterioro de las banquinas en la Ruta 34 habían generado múltiples presentaciones de municipios y usuarios. La justicia determinó que las excusas presupuestarias no son suficientes para eximir al organismo de su responsabilidad de garantizar la transitabilidad mínima en rutas que conectan puntos estratégicos de la producción y la frontera. La recurrente intervención de los tribunales ocurre en simultáneo con la publicación de datos alarmantes sobre la gestión de Vialidad. Según informes del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la inversión en «Rutas Seguras» cayó un 89% y las obras de pavimentación nuevas se redujeron en un 98% durante el último año. Este vaciamiento financiero, que ha dejado al organismo con una subejecución total del 72%, es el que fuerza a las comunidades locales a judicializar el mantenimiento vial. Mientras el Gobierno Nacional impulsa aumentos de peajes y planes de retiros voluntarios para los operarios, la red vial se sostiene precariamente mediante intimaciones de jueces que exigen el cumplimiento de la ley nacional de vialidad. En las delegaciones de Vialidad Nacional, la preocupación se acrecienta ante la acumulación de fallos que no pueden ser cumplidos por falta de insumos básicos como asfalto caliente o maquinaria operativa. La sentencia referida a la Ruta 34 exige un cronograma de trabajos perentorio que el organismo deberá costear a pesar de la restricción de fondos impuesta por el Ministerio de Economía. Este escenario de «gobierno vía judicial» evidencia el colapso de un modelo de gestión que ha priorizado el ajuste fiscal sobre la conservación de activos estratégicos, dejando a las provincias en una situación de vulnerabilidad logística que ahora el Poder Judicial intenta mitigar bajo apercibimiento de sanciones. Navegación de entradas Estrellas Amarillas denuncia «situación crítica» en las rutas La repetición de un fracaso anunciado: El Gobierno relanza las concesiones viales como salida al abandono inducido
