El Gobierno impulsa un aumento del 19% en peajes

Vialidad Nacional convocó a consulta pública para actualizar las tarifas, mientras los fondos del impuesto a los combustibles siguen sin aplicarse a las obras viales paralizadas.

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) ha formalizado el llamado a consulta pública para implementar un nuevo aumento en los cuadros tarifarios de los peajes de la Red Vial Nacional, con incrementos proyectados de hasta el 19%. Esta medida busca ajustar los ingresos de las empresas concesionarias en un contexto donde la prestación del servicio y el mantenimiento de las calzadas presentan niveles críticos de deterioro. El aumento se propone bajo el argumento de equilibrar los costos operativos, aunque se produce simultáneamente a la parálisis total de las obras de infraestructura que el propio Estado Nacional debería garantizar a través de los recursos recaudados específicamente para ese fin.

La situación genera una fuerte controversia debido al destino de los fondos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). A pesar de que este tributo tiene una asignación específica para el mantenimiento y la mejora de la red vial, desde hace dos años la inversión en rutas con estos recursos es nula. La administración nacional ha optado por retener estos fondos para sostener el superávit fiscal, dejando de lado la repavimentación de corredores estratégicos y el bacheo preventivo. De esta manera, el usuario enfrenta una doble carga financiera: paga un impuesto que no vuelve en obras y ahora deberá absorber un incremento en el peaje sin recibir una mejora proporcional en la seguridad o calidad de las trazas.

Este escenario de aumentos tarifarios convive con datos alarmantes de subejecución presupuestaria revelados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). En lo que va de 2025, la ejecución en la Dirección Nacional de Vialidad ha caído un 72% respecto a 2023, con áreas como «Rutas Seguras» y «Nuevas Pavimentaciones» que presentan un retroceso en la inversión de casi el 100%. La falta de insumos básicos y el vaciamiento de personal denunciado por los gremios del sector completan un cuadro donde el incremento del peaje aparece como una medida meramente recaudatoria que no contempla un plan de reactivación de las tareas de mantenimiento que hoy dependen de la justicia o de fondos provinciales.

Mientras se debate el nuevo cuadro tarifario, los incidentes viales vinculados al estado del asfalto se multiplican, tal como ocurrió recientemente en la Ruta Nacional 136 o en la Circunvalación de Rosario, donde la justicia debió intervenir para exigir iluminación básica. La política oficial de delegar la gestión vial al sector privado a través de nuevas concesiones implica que los aumentos mensuales serán la norma, desvinculando el costo del peaje de la calidad real de la infraestructura. Para los conductores y el sector logístico, el inicio de 2026 marca la consolidación de un modelo de «pago por servicio» sobre rutas que, en la práctica, se encuentran en tiempo de descuento.