Un histórico fallo del Juzgado Federal de Rafaela le otorgó al gobierno de Javier Milei y a Vialidad Nacional un plazo máximo de tres meses (diez días para comenzar las obras) para reacondicionar el corredor y «evitar que se siga matando gente». El amparo expone el abandono estatal que ya costó cientos de vidas. El avance de la parálisis y el abandono estatal sobre las trazas viales del país acaba de chocar contra un límite legal contundente. La Justicia Federal de Rafaela hizo lugar a una medida cautelar —impulsada originalmente por el senador santafesino Felipe Michlig— que exige de manera inmediata a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y a la firma Corredores Viales S.A. el inicio de tareas urgentes de reparación y mantenimiento en la Ruta Nacional 34. El fallo judicial fija obligaciones estrictas: las dependencias nacionales tienen un plazo de apenas 10 días para acreditar el inicio de cumplimiento de las obras y un máximo de tres meses para devolver las condiciones de seguridad elementales al camino. Un corredor transformado en trampa mortal La resolución judicial valida un reclamo que trabajadores, usuarios y familiares de víctimas vienen sosteniendo en todo el territorio: la falta de inversión y la desidia estatal no son una cuestión de «ajuste fiscal abstracto», sino una política que se cobra vidas humanas a diario. En el tramo santafesino de la Ruta 34, las estadísticas del abandono son dramáticas, registrando más de 190 muertes desde 2019 y decenas de víctimas fatales en lo que va del año debido al calamitoso estado de la calzada y las banquinas. «Acudimos a la vía judicial ante la mora y desidia de la DNV», señalaron los impulsores de la demanda, fundamentando la urgencia bajo una premisa inapelable: «Tenemos que evitar que se siga matando gente». El propio juzgado reconoció la legitimación del reclamo frente al estado de desamparo y riesgo físico directo que sufren diariamente quienes transitan la región. El entramado judicial dejó al descubierto situaciones insólitas provocadas por el vaciamiento y la parálisis de los organismos nacionales. Un ejemplo crítico es el cruce de la Ruta Nacional 34 con la Ruta Provincial 39, en Arrufó. A pesar de que el gobierno provincial asumió la decisión política de costear y ejecutar con fondos propios una necesaria obra de rotonda e iluminación —con la empresa adjudicataria y el obrador ya instalados—, la DNV mantuvo pisadas las autorizaciones correspondientes durante meses debido a trabas burocráticas y falta de gestión política, obligando a los representantes locales a exigir un «permiso de uso» por vía judicial para poder trabajar y salvar vidas. Navegación de entradas Emergencia Vial: Organizaciones se unen para frenar el «reguero de accidentes» y el vaciamiento de Vialidad Pablo Nasime: «Estamos con presupuesto recortado, falta de material y un vaciamiento de personal»
