a Dirección Nacional de Vialidad analiza formalmente la posibilidad de transferir la gestión de las rutas nacionales 22 y 151 al esquema de concesiones privadas, una medida que marcaría el retorno de los peajes al Alto Valle tras trece años de gratuidad. El Gobierno nacional ha ratificado su negativa a traspasar el control de estas trazas a la provincia de Río Negro, a pesar de los reiterados pedidos del Ejecutivo local y las presentaciones judiciales por el estado de las mismas. Ante el reclamo de obras urgentes, la administración central respondió con una partida presupuestaria que, según estimaciones técnicas, resulta insuficiente para cubrir las necesidades reales de mantenimiento y expansión.

La compleja situación de la Ruta Nacional 22, afectada por una obra de ampliación que se ha extendido por décadas, y el estado «calamitoso» de la Ruta Nacional 151, han generado un escenario de saturación operativa. El presupuesto nacional para 2026 asignó apenas 2.380 millones de pesos para trabajos en la Ruta 22, un monto que solo permitiría financiar la construcción de aproximadamente ocho kilómetros nuevos, dada la estructura de costos actuales. Ante este déficit de inversión pública directa, la concesión al sector privado surge como la alternativa oficial para financiar la conservación de las calzadas sin recurrir a subsidios del Tesoro Nacional.

Desde el Ministerio de Obras Públicas de Río Negro, encabezado por Alejandro Echarren, se confirmó que las conversaciones con Vialidad Nacional apuntan a un sistema de privatización donde las empresas adjudicatarias se hagan cargo del mantenimiento a cambio del cobro de peajes, que se estiman en 3.500 pesos por cada 100 kilómetros, siguiendo el modelo ya implementado en el Corredor Vial Mercosur. No obstante, las autoridades provinciales advierten que, antes de implementar cualquier sistema de cobro, es imperativo resolver problemas contractuales pendientes en la Ruta 22 y atender los reclamos de los municipios de Cipolletti y General Roca respecto a los accesos urbanos.

El eventual regreso de los peajes revive una polémica que en la región se creía cerrada desde 2013, cuando finalizó la concesión de Caminos del Valle. Si bien la administración rionegrina reconoce que un sistema de peaje podría garantizar una ruta más segura y en condiciones, enfatiza que el volumen de tránsito y el colapso actual de la Ruta 22 exigen que las obras de conversión en autopista se completen de manera prioritaria. Mientras el debate sobre el financiamiento continúa, la Casa Rosada mantiene su postura de no intervenir directamente en la Ruta 151, habiendo solicitado a la Justicia Federal que rechace los amparos presentados por la provincia debido a los riesgos de siniestralidad.


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