El impuesto a los combustibles no cumple la Ley

Una investigación de la organización Profesionales en Defensa revela la paradoja de un tributo que creció un 92,2% interanual y generó casi $4,8 billones mientras el estado de las rutas nacionales continúa en franco deterioro. La ley establece que el 28% de este impuesto debe destinarse específicamente a infraestructura vial, sin embargo los datos muestran que apenas más de un tercio de los fondos asignados a rutas efectivamente se ejecutó en obras y mantenimiento durante el último ejercicio.

La brecha entre lo recaudado y lo invertido resulta alarmante. Del total de recursos destinados a rutas, el 64% quedó sin ejecutar, lo que equivale a dejar de pavimentar entre 2.500 y 3.400 kilómetros de caminos, una extensión similar al territorio de una provincia entera como Río Negro. Esta subejecución presupuestaria no solo representa una pérdida en términos de infraestructura, sino que impacta directamente en los costos logísticos del país, en la seguridad vial y en la conectividad del interior argentino.

La comparación regional resulta especialmente reveladora. Mientras en Chile entre el 90% y el 100% del impuesto a los combustibles retorna efectivamente al mantenimiento de rutas, y en Uruguay ese porcentaje oscila entre el 70% y el 80%, Argentina se ubica en el último lugar de la región con apenas un 35% a 40% de retorno efectivo. Brasil destina entre el 60% y el 70% de estos recursos a infraestructura vial, y Paraguay se sitúa en un rango del 55% al 65%. Esta disparidad explica buena parte de por qué los costos logísticos en Argentina superan en un 20% a un 30% a los de sus vecinos Chile y Uruguay, siendo el deterioro vial —y no el precio del combustible— la principal causa de esta diferencia.

El contexto actual muestra una tendencia preocupante. A pesar de que el gobierno logró en 2025 la presión tributaria más baja de los últimos 19 años, el impuesto a los combustibles fue una de las pocas cargas que aumentó su peso relativo en el PBI, sumando 0,15 puntos porcentuales respecto al año anterior. Este crecimiento se dio en un marco donde el programa Pavimentación de Rutas Nacionales alcanzó apenas el 24% de sus metas: de los 205 kilómetros planificados, solo se completaron 49.

Las provincias vienen denunciando desde hace meses esta situación. Veinticuatro gobernadores coincidieron en señalar que se recauda pero no se distribuye, y algunos iniciaron acciones judiciales para reclamar la administración directa de los tramos nacionales bajo su jurisdicción. El Sistema Vial Integrado, que debería garantizar el flujo de recursos hacia el mantenimiento de la red caminera, acumula fondos que no llegan al asfalto. Según datos legislativos, en 2024 solo el 88% de los fondos recaudados fue utilizado en parte para inversiones financieras, principalmente plazos fijos en el Banco Nación y bonos públicos, alejándose completamente de su destino original.

La perspectiva para 2026 no muestra mejoras sustanciales. El proyecto de Presupuesto proyecta que el impuesto a los combustibles será el tributo con mayor crecimiento interanual, con una suba del 72% que elevaría la recaudación total de $4,4 billones a $7,6 billones. Sin embargo, no está previsto que ese incremento se traduzca en una mejora proporcional de la inversión vial. Recientemente, el gobierno dispuso nuevos aumentos en estos impuestos mediante el Decreto 782/2025, lo que ya impactó en los precios de surtidor y generó el décimo incremento del año en algunas provincias.

La organización Profesionales en Defensa, autora del informe, exige que estos fondos se inviertan efectivamente en caminos y alerta sobre la creciente discrecionalidad en el uso de los recursos recaudados. El mensaje central de su campaña apunta a evidenciar una contradicción difícil de sostener: mientras el Estado cobra uno de los impuestos más altos de la región a los combustibles, los usuarios transitan rutas que no reciben el mantenimiento necesario.