La parálisis de la obra pública y el progresivo retiro del Estado nacional de las tareas de mantenimiento básico han generado un fenómeno inédito en las rutas argentinas: intendentes de diversos signos políticos, desde el conurbano bonaerense hasta el interior profundo, han comenzado a enviar sus propias cuadrillas municipales para cortar el pasto y limpiar las banquinas de trazados federales. Esta decisión, motivada por la urgencia de evitar accidentes fatales ante la falta de visibilidad y el deterioro de la señalética, expone una crisis de jurisdicciones que ahora se traslada al plano económico ante el nuevo esquema de licitaciones privadas lanzado por el Gobierno. El Ministerio de Economía, a través de la Red Federal de Concesiones, ha puesto en marcha un ambicioso plan para privatizar cerca de 9.000 kilómetros de rutas nacionales bajo un modelo de «riesgo puro». En este sistema, las empresas adjudicatarias deben autofinanciarse mediante el cobro de peajes, sin recibir subsidios estatales para obras o mantenimiento. Si bien el esquema parece funcionar para corredores de alto tránsito y gran rentabilidad logística, como los accesos a los puertos de Santa Fe o las autopistas que conectan con Córdoba, el interrogante se agrava al mirar los tramos de la denominada «red secundaria» o de baja densidad vehicular. Para las empresas constructoras y operadoras viales, las rutas que no garantizan un flujo constante de vehículos resultan comercialmente inviables bajo el actual pliego de condiciones. Sin la «caja» del peaje suficiente para cubrir el mantenimiento de las banquinas, la repavimentación y los servicios al usuario, estos tramos corren el riesgo de quedar en un limbo administrativo. Actualmente, son los jefes comunales quienes, con recursos propios y tasas municipales, cubren el bache que deja Vialidad Nacional para garantizar un mínimo de seguridad vial en sus distritos, una solución que todos coinciden en calificar como precaria y legalmente gris. La gravedad de la situación ha escalado incluso al plano jurídico, donde la inacción estatal comenzó a recibir límites claros. Recientemente, el Poder Judicial ha debido intervenir para garantizar la seguridad vial, dictando medidas que intiman a Vialidad Nacional a cumplir con sus obligaciones básicas. Un caso testigo es el de la Circunvalación Oeste de la ciudad de Santa Fe, donde la justicia Federal ordenó al organismo nacional el desmalezado urgente y el mantenimiento de las banquinas ante el peligro inminente para los usuarios. Este tipo de fallos judiciales evidencia que el abandono de las trazas no solo es un problema logístico, sino una falta legal que el Estado no puede delegar sin consecuencias La incertidumbre sobre el futuro de estas rutas menos «apetecibles» plantea un escenario de dos velocidades para la infraestructura del país. Mientras los nodos productivos estratégicos podrían ver mejoras por la inversión privada, los tramos que conectan localidades pequeñas o zonas rurales quedan a merced de la capacidad financiera de cada municipio o provincia. La pregunta que flota en los despachos oficiales y en las cámaras empresariales es si el Gobierno terminará aceptando un esquema mixto o si, por el contrario, la descentralización forzosa obligará a las provincias a absorber definitivamente la responsabilidad de unas rutas nacionales que el mercado, por ahora, decide no mirar Navegación de entradas AUBASA compite por la concesión de la Autopista Riccheri y corredores nacionales clave En Río Negro, Catriel se moviliza con un abrazo simbólico a la Ruta 151
