El Descrédito como Estrategia: Radiografía de un Ataque a Vialidad Nacional y sus Consecuencias para los Trabajadores

En el lodazal del periodismo de guerra, donde las acusaciones genéricas y la construcción de sentido priman sobre la evidencia, Vialidad Nacional se ha convertido en un blanco persistente. La estrategia es clara: erosionar su imagen a través de una narrativa de corrupción arraigada, apelando a un pasado convenientemente revisitado para justificar un futuro de incertidumbre y posibles negocios privados.

No es casual que, en medio de este constante descrédito mediático, emerjan propuestas de «transformaciones radicales» para el organismo. Bajo el manto de la eficiencia y la transparencia, se vislumbra un escenario donde la gestión de la obra pública podría quedar en manos de intereses privados, o peor aún, donde la parálisis de la inversión se disfrace de un falso superávit fiscal, construido a costa del bienestar de jubilados y de la paralización de obras esenciales para el desarrollo del país.

La persistencia de las acusaciones, replicadas una y otra vez en el entramado comunicacional hegemónico, genera un clima donde la defensa de la gestión actual de Vialidad – o incluso la simple puesta en duda de las afirmaciones sin sustento – se vuelve una tarea titánica. La «verdad» construida por algunos comunicadores parece impermeable a los argumentos y las pruebas, abonando un terreno fértil para la desconfianza y la aceptación acrítica de un relato interesado.

Sin embargo, desde la perspectiva de los trabajadores, este panorama resulta profundamente preocupante. La historia nos enseña que en los procesos de privatización, la lógica del lucro suele imponerse sobre los derechos laborales y la calidad del servicio público. Los anuncios de posibles despidos en el marco de una acelerada privatización de corredores viales son una clara señal de alarma.

Los trabajadores de Vialidad Nacional, quienes con su labor cotidiana sostienen la infraestructura vial del país, son los primeros en sufrir las consecuencias de este ataque sistemático. La incertidumbre sobre su futuro laboral, la posible precarización de sus condiciones de trabajo y la amenaza de la pérdida de sus empleos son el correlato directo de un discurso que busca deslegitimar la función pública en beneficio de intereses particulares.

Es hora de levantar la voz y exigir un debate serio y basado en pruebas sobre el futuro de Vialidad Nacional. No podemos permitir que acusaciones genéricas y operaciones mediáticas dicten el destino de un organismo crucial para la conectividad y el desarrollo del país, y mucho menos que se sacrifiquen los derechos de los trabajadores en aras de un modelo que históricamente ha demostrado ser perjudicial para el interés público.

La defensa de Vialidad Nacional no es la defensa de la corrupción – que debe ser investigada y sancionada donde exista – sino la defensa de un modelo de gestión pública de la infraestructura vial que garantice la calidad, la equidad y el respeto por los derechos laborales. Los trabajadores no somos cómplices de ninguna irregularidad, sino los principales afectados por la desidia y la falta de inversión, y seremos los primeros en señalar cualquier acto de corrupción con la firmeza que la situación exige.

En este escenario de incertidumbre, la unidad y la organización de los trabajadores son más necesarias que nunca para enfrentar la amenaza de la privatización y defender una Vialidad Nacional al servicio del pueblo y con pleno respeto por sus derechos laborales. No permitiremos que el descrédito sea la antesala de un negocio para unos pocos a costa del bienestar de muchos.