Sin Presupuestos no hay Vialidad

Un gráfico oficial del presupuesto devengado mensual de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), ajustado a precios constantes de julio de 2025, ilustra el colapso financiero que ha llevado al organismo al borde del abismo. Los datos, disponibles en el portal Presupuesto Abierto del Gobierno argentino, revelan una reducción drástica de los fondos desde 2020, con un promedio anual que pasó de alrededor de 300-400 millones de pesos en los primeros años a menos de 50 millones en 2025. Esta tendencia descendente, marcada por picos iniciales y un declive acelerado desde 2023, coincide con el intento de disolución del ente por parte del gobierno de Javier Milei, frenado recientemente por la Justicia ante una avalancha de reclamos.

El análisis del gráfico muestra que en 2020 y 2021, el devengado mensual fluctuaba entre 200 y 400 millones de pesos, con promedios trimestrales estables en torno a los 250 millones. Sin embargo, a partir de 2022 se observa una estabilización a la baja, seguida de una caída abrupta en 2024, donde los valores mensuales descendieron por debajo de los 100 millones. Para 2025, hasta julio, los registros mensuales oscilan entre 50 y 100 millones, con un promedio anual proyectado en mínimos históricos, extendiéndose hacia 2026 según las estimaciones. Esta contracción presupuestaria ha sido calificada como «devastadora» por expertos, ya que limita severamente el mantenimiento de las rutas nacionales, esenciales para el transporte y la economía del país.

El punto crítico llegó en julio de 2025, cuando el presidente Milei firmó el Decreto 461/2025, que ordenaba la disolución de Vialidad Nacional, transfiriendo sus funciones a provincias y empresas privadas sin un plan de financiamiento claro. Esta medida, parte de un amplio ajuste fiscal, generó inmediata resistencia. Sindicatos como el de trabajadores viales presentaron un recurso de amparo ante el Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo Nº2 de San Martín, argumentando que ponía en riesgo la estabilidad laboral de miles de empleados y la seguridad vial nacional. La jueza Martina Isabel Forns hizo lugar a la cautelar, suspendiendo el decreto por seis meses y ordenando mantener el statu quo hasta resolver el fondo de la cuestión.

«La disolución vulnera garantías laborales y expone a los trabajadores a traslados forzosos o despidos encubiertos», sostuvo la magistrada en su fallo, que ha sido celebrado por opositores y gremios como un «freno al desguace del Estado». Desde Casa Rosada, fuentes oficiales anunciaron que apelarán la decisión, defendiendo la necesidad de racionalizar el gasto público para lograr superávit fiscal. Sin embargo, informes independientes destacan el impacto real de los recortes: un gasto 72% menor en 2024 comparado con 2023 en términos reales, y una caída del 75% entre enero y mayo de 2025 respecto al período anterior. Estos números, extraídos del «Informe sobre la Infraestructura Vial Argentina (2016-2024)», subrayan cómo la falta de fondos ha paralizado obras esenciales, incrementando accidentes en rutas deterioradas.

Provincias como Buenos Aires, Santa Fe y Misiones han sumado sus voces al reclamo, con intendentes presentando amparos adicionales por el abandono de proyectos clave, como la Ruta Nacional 3. «El colapso presupuestario no solo afecta la infraestructura, sino que pone en jaque la vida de millones de argentinos», alertó un vocero de la Cámara Argentina de la Construcción, exigiendo una revisión inmediata del Presupuesto 2025, que prevé superávits pero a costa de inversiones críticas.

Mientras la Justicia actúa como dique contra las reformas, el gráfico del devengado mensual sirve como evidencia gráfica de una crisis que trasciende lo administrativo: un sistema vial al límite, con proyecciones que mantienen la tendencia bajista hacia 2026. Expertos urgen un debate federal para revertir esta situación, advirtiendo que sin fondos adecuados, el «ajuste» podría traducirse en costos humanos y económicos irreparables.