Ola de recursos de amparo y demandas judiciales exigen a Vialidad Nacional reparaciones urgentes en rutas ante riesgos para la vida

En medio de un año marcado por la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y paros totales de actividades que han paralizado el mantenimiento de las rutas federales, diversas autoridades provinciales, sindicatos y organizaciones civiles han inundado la Justicia con recursos de amparo y reclamos judiciales. Estos buscan obligar al organismo nacional a realizar obras de emergencia en las vías bajo su jurisdicción, argumentando que el abandono ha convertido los caminos en trampas mortales para conductores, camioneros y comunidades enteras. Expertos advierten que al menos la mitad de las rutas del país se encuentran en estado crítico, con un aumento alarmante de accidentes fatales.

La crisis se agudizó en julio de 2025, cuando el gobierno de Javier Milei oficializó la disolución de Vialidad Nacional mediante un decreto, transfiriendo responsabilidades a provincias y privados sin asignar fondos suficientes. Esta medida desató protestas masivas, marchas y un paro total convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), que duró varios días y dejó las rutas sin control ni mantenimiento. «El cierre de Vialidad redundará en más muertes en las rutas», alertó la CGT en un comunicado, solidarizándose con los 1.800 trabajadores afectados y denunciando el «desguace del Estado». En Salta, por ejemplo, la disolución puso en peligro a 189 obreros viales, según denuncias sindicales.

Los fallos judiciales se acumulan desde principios de año, con al menos una decena de medidas cautelares que exigen intervenciones inmediatas. En marzo, el juez federal de Santa Fe, Aldo Mario Alurralde, dictó un amparo a favor de un vecino de Venado Tuerto, intimando a Vialidad Nacional a reparar de inmediato un tramo de 266 km de la Ruta Nacional 11, entre Santa Fe y San Justo, donde baches y grietas ponían en riesgo la circulación diaria. Este fue el primero de una serie de tres fallos del mismo magistrado en 2025, que incluyeron la colocación de medidas de seguridad vial en tramos críticos y la supervisión personal de las obras en agosto.

En Formosa, la Justicia Federal escaló la presión en julio, ordenando obras urgentes en las Rutas 11, 81, 86 y 95, con un plazo de 90 días para bacheo, sellado de fisuras y limpieza de banquinas, incluyendo el Puente Blanco. La demanda fue impulsada por la Fundación «Padres Unidos por el Dolor», el Sindicato de Camioneros, la Asociación de Transportadores de Hacienda y el Defensor del Pueblo provincial, quienes destacaron el «peligro inminente» para la seguridad vial en una zona de alto tránsito de carga pesada.

Otras provincias no se quedaron atrás. En La Pampa, el gobernador Sergio Ziliotto denunció que el 60% de las rutas nacionales –como las 5, 152, 143, 151, 154, 188 y tramos de la 35– están en estado «crítico», afectando más de 600 km sin inversión desde la asunción de Milei. En Río Negro, el gobernador Alberto Weretilneck anunció una medida cautelar colectiva con intendentes, cámaras empresariales y gremios para reclamar el mantenimiento de las Rutas 151, 22, 3, 23 y 40 Sur. En Santa Fe, el ministro Lisandro Enrico calificó de «criminal» el deterioro de las Rutas 33 y 11, amenazando con causas penales por incumplimiento de deberes.

El impacto económico y humano es devastador. Sergio Ruppel, presidente de la Fundación Profesional de Transporte, advirtió que el colapso vial generará «consecuencias gravísimas», con rutas deterioradas desde hace décadas pero agravadas por el cierre de Vialidad, que no solo repavimenta sino que asiste en emergencias climáticas y accidentes. «El costo en vidas humanas es inaceptable: ¿quién no tiene un familiar que haya sufrido un choque por un bache?», cuestionó Ruppel, estimando que la accidentología genera gastos millonarios en ambulancias, hospitales y cirugías. La Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) rechazó recientemente la circulación de camiones bitrenes en rutas en mal estado, llamándolo un «riesgo inaceptable para la sociedad».

Ante esta avalancha de reclamos, la Nación ha iniciado algunos trabajos puntuales, como en la Ruta 11 bajo supervisión judicial, pero críticos como la Cámara Argentina de la Construcción coinciden en que el paro de julio y la falta de fondos provinciales han dejado el sistema vial al borde del abismo. Mientras los recursos de amparo siguen llegando –incluyendo recientes presentaciones por el «atropello a los trabajadores» tras la disolución–, las provincias exigen una reunión federal urgente para evitar un «genocidio en las rutas», como lo denominó el sindicalista Aleñá.

La Justicia parece ser el último bastión para garantizar que las rutas argentinas no se conviertan en cementerios rodantes. Pendientes de apelaciones y ejecuciones, estos fallos podrían marcar un punto de inflexión en la batalla por la seguridad vial en un país donde el tránsito se ha multiplicado sin que las infraestructuras lo acompañen.