Tras una masiva conferencia de prensa, gremios, usuarios y familiares de víctimas de siniestros viales anunciaron la creación de un espacio de coordinación nacional para frenar el desmantelamiento de Vialidad Nacional y la Agencia de Seguridad Vial. La crisis de la infraestructura terrestre en la Argentina ha forzado una convergencia inédita entre sectores diversos. En la sede del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA), se planteó la necesidad de conformar un gran espacio multisectorial integrado por trabajadores de organismos nacionales, grupos de autoconvocados de distintas regiones, usuarios y familiares de víctimas de siniestros viales. Esta nueva alianza surge como respuesta al deterioro de la red troncal, el cual los participantes denunciaron como una consecuencia directa del proceso de vaciamiento de instituciones estratégicas como Vialidad Nacional y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Durante la jornada, los referentes de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) y el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) advirtieron que el actual abandono de las tareas de mantenimiento ha dejado al 75% de las rutas nacionales en estado «regular o malo». Esta situación fue calificada como una amenaza real a la seguridad pública, bajo la premisa de que «las rutas en mal estado matan» y encarecen la producción. El espacio multisectorial busca, además, impugnar el esquema de concesiones por peaje, argumentando que este modelo no prioriza la seguridad ni el desarrollo federal, sino que profundiza las desigualdades territoriales. La demanda de este frente común por la reactivación inmediata de las obras públicas y el fortalecimiento de los organismos de control contrasta con los datos sobre el flujo de financiamiento de la banca pública hacia otros sectores. Mientras la infraestructura básica sufre una parálisis por falta de presupuesto, registros recientes indican que el Banco Nación ha otorgado créditos hipotecarios por montos millonarios —algunos superiores a los 500 millones de pesos— a funcionarios de alta jerarquía del oficialismo, incluyendo directores del BCRA y legisladores de La Libertad Avanza. Esta disparidad en la asignación de recursos ha sido señalada por los sectores técnicos estatales como un agravante en la crisis de prioridades de la gestión nacional. El nuevo espacio multisectorial apunta a romper el aislamiento de los reclamos sectoriales para convertir la seguridad vial en una causa de interés público general. Ante la falta de respuestas del Estado Nacional y el incremento de la siniestralidad vial, las organizaciones convocantes adelantaron que elevarán notas a las jefaturas de distrito y buscarán instancias de diálogo con representantes legislativos para frenar el traspaso de rutas a las provincias sin presupuesto. Navegación de entradas Críticas a la política vial nacional: Denuncian un esquema de «parches» ante el deterioro de la infraestructura Alerta ante el operativo invernal por falta de recursos