La decisión de Vialidad Nacional de intimar a organizaciones sociales por daños en el pavimento genera fuertes críticas, mientras la falta de inversión y el abandono de obras de mantenimiento básico continúan cobrándose vidas en todo el territorio nacional. ,Vialidad Nacional ha comenzado a emitir intimaciones formales para exigir la reparación y limpieza de daños ocasionados por la quema de cubiertas durante protestas sociales en rutas nacionales. Esta medida, aplicada inicialmente en la provincia de Santa Cruz, marca un precedente en la persecución de la protesta social, enfocándose en el desgaste técnico de la calzada en un momento donde la infraestructura vial del país atraviesa uno de sus períodos de mayor abandono y precariedad estructural. La preocupación del organismo por el impacto del fuego sobre el asfalto contrasta drásticamente con la realidad que enfrentan los usuarios de las rutas argentinas. Mientras se agilizan mecanismos para sancionar a quienes manifiestan por la pérdida de empleos y el ajuste económico, la ejecución de obras de mantenimiento y seguridad vial permanece paralizada. Esta medida resulta paradójica porque el Estado enfoca sus recursos legales en los daños menores de una protesta, mientras ignora el «desastre de muertes» provocado por baches, falta de señalización y banquinas destruidas que son consecuencia directa de la falta de inversión estatal. La controversia se agrava al analizar el origen de los recursos para infraestructura. A pesar de que los ciudadanos continúan abonando el impuesto a los combustibles —un tributo diseñado específicamente para el sostenimiento y mejora de las rutas—, el destino de esos fondos no se refleja en las calzadas. Existe una creciente denuncia sobre el uso de este presupuesto para fines distintos al mantenimiento vial, dejando a miles de familias en una situación de vulnerabilidad, tanto por la pérdida de puestos de trabajo directos en la obra pública como por el riesgo constante de transitar caminos en estado de colapso. La estrategia de intimar a los sectores sociales es vista como un intento de frenar la visibilización del conflicto social mediante la persecución económica y administrativa. El temor de los referentes sindicales y sociales es que este modelo implementado en Santa Cruz se extienda como «reguero de pólvora» por todo el país, funcionando como una herramienta de presión para que la sociedad permanezca en silencio frente a una crisis que beneficia a sectores concentrados. El foco puesto en la «limpieza y reparación» tras un piquete parece ignorar la raíz del problema: una crisis desatada que está dejando a miles de personas en la calle. En este escenario, la prioridad oficial de proteger el pavimento frente a la quema de neumáticos, por encima de proteger la vida de los conductores frente a la desidia estatal, plantea un debate ético y político sobre el rol actual de Vialidad Nacional y la verdadera urgencia de la obra pública en Argentina. Navegación de entradas Sindicatos Unidos reclaman sin salario básico de 2.7 millones
