El Plan del Mal

Bajo la órbita del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, el Gobierno Nacional ha puesto en marcha una estrategia orientada a la reducción masiva de la planta de personal en organismos estratégicos. El mecanismo, que ya se aplica en entidades como el INTA, el INTI, el SENASA, la Aduana, la ANMAT y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), combina la apertura de retiros voluntarios con un congelamiento sistemático de los haberes. Según el planteo de diversos sectores gremiales, este esquema busca forzar la salida de los agentes estatales mediante el deterioro de sus condiciones de vida, evitando así el costo político y económico de las indemnizaciones por despido directo.

La lógica oficial sostiene que la disminución del empleo público permitirá una futura baja de impuestos, aunque los indicadores de los últimos dos años no reflejan una correlación directa entre el recorte estatal y el alivio fiscal para la mayoría de la población. En este escenario, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) aparece como uno de los focos iniciales de esta fase, con una resolución que promueve el retiro del personal de planta permanente con condiciones que, en apariencia, superan la indemnización legal. Sin embargo, representantes sindicales advierten que el congelamiento de las paritarias compensa esa diferencia, licuando el valor real de los ingresos y de las compensaciones ofrecidas.

El caso de la Dirección Nacional de Vialidad es señalado como el modelo testigo de esta política de asfixia. Los trabajadores viales acumulan 17 meses sin actualizaciones salariales, lo que representa una caída del poder adquisitivo superior al 50% desde octubre de 2024. Pablo Nasime, secretario general del sindicato vial de Santa Fe, ha calificado esta situación como una «reestructuración barata», donde se somete al personal a niveles de ingreso por debajo de la línea de pobreza para incentivar la desvinculación voluntaria. A pesar de los fallos judiciales que ordenan la apertura de mesas de diálogo, la administración central mantiene la negativa a otorgar incrementos, profundizando el vaciamiento de una entidad técnica fundamental para la infraestructura nacional.

La ofensiva no se limita al sector vial o agropecuario. La nómina de Sturzenegger incluye organismos de control y ciencia críticos como el SENASA, la Aduana y la ANMAT. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denuncian que el objetivo es reducir al menos mil puestos de trabajo en cada una de estas dependencias a corto plazo. La parálisis operativa resultante de la falta de personal calificado es vista con preocupación por especialistas, quienes señalan que un Estado con menor capacidad de intervención técnica compromete el desarrollo de la ciencia y la soberanía sanitaria y logística del país.

Este plan de «reorientación institucional» se produce tras los reveses legislativos y judiciales sufridos por el Ejecutivo el año pasado, cuando se frenó la disolución directa de organismos mediante decretos. Al no poder concretar la eliminación de las estructuras por la vía administrativa directa, la gestión nacional ha optado por el desfinanciamiento total y la presión salarial. Mientras la actividad económica muestra signos de fragilidad y la oferta de empleo privado es escasa, el congelamiento de haberes se consolida como la herramienta central para ejecutar un achicamiento estatal que, según los gremios, deja a las rutas, la ciencia y el control sanitario en una situación de vulnerabilidad extrema.