Operación mediática y desfinanciamiento de Vialidad Nacional

En el último tiempo, el diario La Nación ha desplegado una estrategia comunicacional que, bajo la apariencia de un análisis técnico y presupuestario, busca consolidar un relato de inevitabilidad sobre el colapso de la red vial argentina.

A través de plumas con oficio en la construcción de causas judiciales de alto impacto político, el medio presenta los números del Presupuesto 2026 de manera aséptica, despojándolos de los adjetivos que describirían su verdadera naturaleza: una insuficiencia criminal que condena a la infraestructura del país al desguace. Esta operación no es azarosa; busca invisibilizar que el estado actual de las rutas no es el resultado de «décadas de desidia», sino de una decisión política deliberada de abandono ejecutada con precisión quirúrgica durante los últimos dos años.

La narrativa de operadores periodísticos como Diego Cabot intenta reescribir la historia de Vialidad Nacional, omitiendo sistemáticamente el rol estratégico que el organismo desempeñó hasta la llegada de la actual gestión. Se busca instalar la idea de que la corrupción es la única herencia de los años de fuerte inversión federal, ocultando miles de kilómetros de rutas nuevas, autovías y repavimentaciones que transformaron la conectividad del país.

Al enfocar el lente exclusivamente en expedientes judiciales —muchos de ellos cuestionados por la fragilidad de sus pruebas, como el caso de las fotocopias de cuadernos quemados y resucitados—, la comunicación oficialista logra que las obras reales se vuelvan invisibles para la opinión pública, preparando el terreno para la aceptación de un modelo de privatización que ya fracasó en el pasado.

El informe técnico de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) ofrece la contraparte científica a esta operación de prensa. Mientras el discurso mediático habla de «herencia», los datos reales muestran una subejecución presupuestaria sin precedentes. Se recaudan impuestos específicos, como el de los combustibles, que por ley deberían destinarse al mantenimiento de las rutas, pero que hoy son desviados para sostener un superávit fiscal financiero a costa de la seguridad de los ciudadanos. Esta «estafa técnica» denunciada por los trabajadores viales consiste en dejar caer la capacidad estructural de los pavimentos para luego justificar la entrega de la red a concesionarias privadas bajo la falsa premisa de que el Estado es un administrador ineficiente.

Reivindicar la función histórica de Vialidad Nacional es hoy un acto de resistencia frente a la desinformación.

Durante décadas, el organismo fue el motor que permitió que la producción llegara a los puertos y que las comunidades del interior no quedaran aisladas.

Lo que hoy vemos en las rutas no es el peso de la historia, sino el peso de un ajuste que utiliza el silencio cómplice de ciertos medios para naturalizar el peligro.

Despojar a la sociedad de su red vial nacional es, en última instancia, una forma de desarticular la soberanía económica, y la operación comunicacional en marcha es la herramienta necesaria para que ese despojo pase inadvertido ante los ojos de una ciudadanía que, paradójicamente, paga con sus impuestos y con su seguridad el precio de este vaciamiento institucional.

Pablo Nasime – Secretario Gremial del Sindicato del Personal Vial de Santa Fe