El ministro del Interior, Guillermo Francos, respondió públicamente a los reclamos del gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, afirmando que las rutas nacionales que atraviesan la provincia “no son prioridad” para el gobierno nacional. La frase no solo generó malestar político, sino que también expuso de forma cruda el modelo de gestión que se está consolidando: el del retiro del Estado nacional de sus funciones más elementales. La provincia reclama hace meses por el estado de rutas clave —como la 35, la 5 y la 152—, muchas de las cuales están deterioradas al punto de volverse peligrosas. En lugar de respuestas concretas, recibió un mensaje claro: no está en la lista de prioridades porque hay “otras urgencias”. Este tipo de declaraciones reflejan una concepción de país donde no todas las provincias valen lo mismo. Se priorizan los centros urbanos más rentables políticamente y se dejan afuera regiones enteras, afectando su desarrollo económico, la seguridad vial y la vida cotidiana de sus habitantes. El fondo de esta política no es técnico, es ideológico. Mientras se paralizan obras viales, se mantienen los pagos al FMI y se presenta como superávit fiscal lo que en realidad es desfinanciamiento del Estado, logrado a costa de salud, educación, obra pública y empleo. El deterioro de las rutas pampeanas no es un error de gestión, es una elección. Cuando se desfinancia la infraestructura pública, lo que se posterga no son solo obras: son derechos, trabajo y desarrollo para millones de personas. Navegación de entradas Concesiones que no cumplen, trabajadores sin cobrar y servicios básicos abandonados Carteles en rutas vs. obras reales: La polémica estrategia de Pullaro en Santa Fe»
