Denuncia Penal y Presupuesto no Ejecutado en Vialidad Nacional

Crisis en Vialidad Nacional: Denuncias Penales y Movilización Sindical por Falta de Ejecución Presupuestaria

En un contexto de creciente tensión en el ámbito laboral y de gestión pública, la Dirección Nacional de Vialidad se encuentra en el centro de una crisis que combina reclamos sindicales, denuncias penales y una preocupante falta de ejecución del presupuesto prorrogado. Dos hechos recientes han agudizado la situación: una notificación presentada por el Sindicato del Personal de Vialidad Nacional (SPVN) del 7° Distrito ante el Ministerio de Trabajo, y una denuncia penal interpuesta por la Federación de Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) contra el administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Jorge Campoy.

Reclamos Sindicales y Movilización

El SPVN, liderado por el Secretario General Marcelo Bertolotti, formalizó una presentación ante las autoridades laborales nacionales en respuesta a lo que califican como «incumplimientos en las condiciones de empleo» y la falta de transparencia en la asignación de recursos. Según el comunicado emitido por el sindicato, en una asamblea realizada el 10 de marzo, los trabajadores declararon un «Estado de Alerta y Movilización Permanente» ante la posibilidad de una reestructuración que implicaría la reducción del 20% del personal.

El sindicato ha mantenido un perfil activo en reclamos relacionados con salarios, seguridad laboral y la continuidad de las obras viales. En su nota, el SPVN advierte que el cierre de obras convenidas y la falta de ejecución presupuestaria podrían afectar gravemente la estabilidad laboral de miles de empleados.

Denuncia Penal por Incumplimiento de Deberes

En un hecho de mayor gravedad, FEPEVINA, la federación que nuclea a los sindicatos de base de Vialidad Nacional, radicó una denuncia penal contra el administrador general de la entidad, Marcelo Jorge Campoy, por «incumplimiento de los deberes de funcionario público». La denuncia se centra en la no distribución del 60% del presupuesto prorrogado, que asciende a 360.000 millones de pesos de un total de 600.000 millones.

Según FEPEVINA, hasta la fecha solo se ha ejecutado el 40% de los fondos (240.000 millones de pesos), lo que ha generado un retraso malicioso en la asignación de recursos. Esta situación ha afectado la continuidad de obras viales, el pago a contratistas y, en consecuencia, la estabilidad laboral de miles de empleados. La federación advierte que, de no resolverse esta situación, podrían producirse despidos, suspensiones o la paralización de proyectos estratégicos.

Impacto en Obras Públicas y Responsabilidad Legal

La falta de ejecución del presupuesto prorrogado tiene implicancias directas en la infraestructura vial del país. Proyectos clave, como la construcción y mantenimiento de rutas, puentes y autopistas, podrían verse retrasados, afectando no solo la seguridad vial sino también la generación de empleo en el sector.

Además, la denuncia penal contra el administrador general abre la puerta a posibles sanciones administrativas o incluso una investigación judicial por mal desempeño en funciones públicas. Si prospera, este caso podría sentar un precedente en materia de rendición de cuentas en la gestión de recursos públicos.

La crisis en la Dirección Nacional de Vialidad refleja problemas más amplios en la gestión de recursos públicos y la administración de obras estratégicas. La movilización sindical y las acciones legales subrayan la importancia de la transparencia y la eficiencia en la ejecución de presupuestos públicos. La resolución de esta crisis será crucial para garantizar la continuidad de las obras viales y la estabilidad laboral de los trabajadores del sector.

Mientras tanto, los trabajadores de Vialidad Nacional permanecen en estado de alerta, dispuestos a movilizarse para defender sus derechos laborales y exigir una gestión más transparente y eficiente de los recursos públicos.