El Gobierno busca privatizar y arancelar las rutas de tránsito medio y bajo con exenciones fiscales. Bajo el argumento de incentivar la inversión privada en corredores no rentables, el oficialismo impulsa un régimen especial que otorga fuertes beneficios tributarios a las corporaciones y habilita la instalación de peajes en caminos hasta hoy administrados por el Estado federal, profundizando el desguace de la red vial nacional.

La estrategia de desinversión y retirada definitiva del Estado de los servicios públicos esenciales sumó un nuevo capítulo normativo con la presentación de un proyecto legislativo orientado a instaurar un régimen de incentivos fiscales y económicos para la concesión de rutas nacionales de caudal medio y bajo. La iniciativa, diseñada a imagen y semejanza de los esquemas de promoción sectorial para grandes inversiones, busca replicar la lógica de exenciones impositivas extraordinarias para convencer al capital privado de explotar corredores camineros que, debido a su menor densidad vehicular, no resultaban atractivos bajo los parámetros de rentabilidad del mercado. De este modo, la Casa Rosada convalida un mecanismo legal para transferir la administración de miles de kilómetros de la red federal hacia manos privadas, consolidando el arancelamiento generalizado de las trazas del interior del país.

El núcleo del proyecto gira en torno a un sistema de preadhesión empresaria que contempla beneficios tributarios de gran escala, tales como reducciones sustanciales en la alícuota del Impuesto a las Ganancias —llevándola al 25% para rutas de tránsito medio y al 15% para las de tránsito bajo—, amortizaciones aceleradas de bienes, cómputo total de débitos y créditos bancarios y cancelación de IVA mediante certificados fiscales. A cambio de estas franquicias otorgadas a las prestatarias, los usuarios y transportistas que transiten por caminos hasta hoy libres de cobro pasarán a afrontar tarifas directas de peaje. Esta mercantilización de la infraestructura no hace más que trasladar los costos de conservación sobre los bolsillos de los automovilistas y la producción regional, mientras el Estado renuncia a su rol planificador y abandona las tareas de mantenimiento que por ley corresponden a los organismos públicos.

Desde la perspectiva de los trabajadores viales y las entidades de defensa de los usuarios, esta avanzada legislativa desnuda la verdadera finalidad del vaciamiento operativo de la Dirección Nacional de Vialidad. Al desfinanciar los campamentos, congelar los presupuestos de conservación preventiva y retener los fondos específicos del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), el Gobierno genera las condiciones de precariedad necesarias para justificar la entrega de la red vial a grupos empresarios bajo la promesa de una supuesta modernización. La pretendida «solución» privada no solo profundiza las asimetrías territoriales y aísla a las economías regionales con tarifas confiscatorias, sino que pulveriza definitivamente el concepto soberano de un sistema de caminos federal, gratuito y garantizado por el Estado nacional.

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