Mediante un proyecto legislativo respaldado por la Casa Rosada, el oficialismo busca replicar la lógica del RIGI para extender las concesiones privadas a corredores viales no rentables, habilitando el cobro de tarifas y exenciones impositivas a las empresas en caminos hasta hoy administrados por el Estado federal. La política de desguace y mercantilización de la red vial nacional impulsada por la administración central dio un nuevo paso al trascender una iniciativa legislativa promovida por el bloque oficialista para avanzar con la concesión de corredores de tránsito medio y bajo. A través del denominado Régimen de Incentivo de la Infraestructura Vial Estratégica (RIIVE) —un proyecto presentado en el Senado nacional con el aval explícito del Ministerio de Economía—, el Ejecutivo busca superar las limitaciones del mercado tradicional de peajes, abriendo el juego para que capitales privados tomen el control de rutas que, debido a su menor caudal vehicular, no resultaban atractivas bajo los esquemas de rentabilidad convencional. El núcleo de la propuesta radica en compensar la baja rentabilidad de estas trazas mediante un esquema de beneficios fiscales extraordinarios para las empresas concesionarias, que incluyen fuertes reducciones en el Impuesto a las Ganancias (con alícuotas diferenciadas del 25% para rutas de tránsito medio y del 15% para las de tránsito bajo), amortizaciones aceleradas de bienes, diferimientos de quebrantos y exenciones en el impuesto a los créditos y débitos bancarios. A cambio de estas franquicias tributarias, el proyecto habilita a las prestatarias a instalar estaciones de cobro de peaje en corredores donde los usuarios actualmente circulan sin abonar tarifas, afectando directamente a rutas nacionales de gran importancia regional y turística —como tramos de la emblemática Ruta 40 en la Patagonia— bajo la premisa de garantizar el repunte de la infraestructura mediante aportes privados. Desde la perspectiva de los trabajadores viales y las entidades de usuarios, este nuevo avance ratifica la profundización de un modelo que abandona definitivamente la concepción de la red caminera como un servicio público esencial sostenido por los recursos generales del Estado —y por los fondos específicos del Impuesto a los Combustibles Líquidos—. Al delegar la conservación y el mantenimiento en manos privadas sobre la base de repagar la inversión mediante tarifas directas al automovilista y al transporte de cargas, el Gobierno consolida un esquema de arancelamiento generalizado de las rutas nacionales, transfiriendo los costos de la crisis directamente sobre las economías regionales y los bolsillos de los usuarios mientras el Estado se retira de sus obligaciones soberanas en materia de infraestructura. Navegación de entradas Del abandono central a la privatización encubierta: el trasfondo del traspaso de las Rutas 22 y 151 a Río Negro La Justicia Federal intima a Caputo y Vialidad Nacional por la retención de los fondos viales en Entre Ríos